CHETUMAL.- El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo (TJAAQROO) se encuentra en proceso de implementar un sistema de control digital. Esta iniciativa busca agilizar la atención de más de 120 expedientes acumulados desde octubre del año pasado.
Ampliación de presupuesto a TJAAQROO
La presidenta magistrada, Minerva Maribel Moreno Cruz, confirmó que se aprobó un presupuesto adicional de 20 millones de pesos. Este financiamiento es esencial para establecer el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aunque aún no ha comenzado a funcionar plenamente.
Moreno Cruz explicó que, a pesar de la creación del centro mediante decreto el año pasado, el equipo actual está en espera de certificaciones necesarias. Actualmente, se están atendiendo casos bajo el artículo 17 constitucional, pero no en el marco del nuevo mecanismo de solución.
Avances y desafíos
El tribunal enfrenta retrasos en la integración de procedimientos ordinarios y en la presentación de pruebas para emitir sentencias. La implementación del sistema digital es clave para brindar una justicia más ágil y eficaz.
El presupuesto adicional permitirá no solo la digitalización de procesos judiciales, sino también la contratación y capacitación de personal técnico especializado. La presidenta del tribunal destacó que al asumir el cargo, encontraron un sistema completamente manual, lo que ha llevado a la necesidad de este incremento presupuestal.
Denuncias contra servidores públicos
Un gran porcentaje de los casos acumulados son denuncias contra exservidores públicos de las administraciones de Roberto Borge y Carlos Joaquín. Algunos de estos casos están en la etapa de desahogo de pruebas, pero no hay plazos definidos para la imposición de sentencias.
Implementación
La implementación del sistema digital y la creación del Centro de Mecanismos Alternativos son pasos cruciales para mejorar la eficiencia del TJAAQROO. Se espera que para diciembre se logre el cumplimiento de la ley federal que establece este sistema, lo que podría transformar la manera en que se administra la justicia administrativa y anticorrupción en el estado.
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