Playa del Carmen, Quintana Roo.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sido acusada de una omisión cómplice. Por casi dos meses, se ha negado a inspeccionar un predio cercano a Playa Paraíso. En este sitio, un desarrollador ha estado talando manglar desde finales de mayo. Este hecho fue denunciado formalmente ante sus oficinas desde esa fecha. La inacción de la Profepa en el caso de la tala de manglar en Playa del Carmen genera indignación.
El proyecto en cuestión es Paradise Residence. Se edifica en el “Rancho El Gallero Veracruz”, ubicado en la calle Paseo Tulum con Xaman-Ha, cerca del hotel Iberostar. Vecinos de la zona alertaron en redes sociales sobre el inicio de la tala de mangle. Ante esta situación, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso una denuncia formal ante la Profepa.
Una denuncia sin respuesta y un ecocidio en curso
Irma Morales Cruz, abogada del equipo legal de DMAS, explicó la situación. A pesar de que la denuncia fue admitida una semana después, ningún inspector ha acudido al predio hasta la fecha. Esto se comprueba por la ausencia de un acta de inspección en la delegación de Cancún. Además, no existen sellos de clausura visibles en el lugar de la tala de manglar en Playa del Carmen.
En total, 4.4 hectáreas de humedales y selva están en peligro por esta omisión. La falta de reacción de la autoridad es preocupante. Más aún, existen cenotes en el área que podrían ser tapados o destruidos, lo que agrava el ecocidio. Activistas descubrieron, al investigar en la gaceta ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un dato inquietante. La empresa responsable ingresó una manifestación de impacto ambiental (MIA) y una solicitud de cambio de uso de suelo forestal después de iniciar la tala de mangle. Extrañamente, el desarrollador desistió de este trámite, pese a continuar la construcción en el lugar.
Irregularidades en licencias y falta de seguimiento
Como suele ocurrir, criticó la abogada, la empresa presuntamente cuenta con una licencia de construcción y cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Playa del Carmen. Esta situación es contraria a la ley. El Reglamento de Construcción indica que uno de los requisitos para obtener estas autorizaciones es tener una MIA aprobada por el gobierno federal o estatal, según corresponda. “Es común (en Quintana Roo) que primero obtienen los trámites municipales y, si les cae la Profepa, entonces solicitan la MIA, pero esto es contrario a derecho y a la legislación ambiental”, aseveró la experta sobre la tala de manglar en Playa del Carmen.
Morales Cruz lamentó la escasez de inspectores de la Profepa. Existen muchos desarrollos en la región que “surgen de la nada”. Incluso si los inspectores acuden y clausuran, el seguimiento es deficiente. Esto facilita a los desarrolladores continuar las obras a pesar de los sellos. Un ejemplo es Bahía Solimán en Tulum, donde un juez tuvo que ordenar a la Profepa detener una construcción previamente clausurada que seguía activa. “Vemos que la Profepa está más activa y clausura desarrollos, pero el seguimiento a estas clausuras es deficiente”, concluyó la abogada, destacando la impunidad en la tala de manglar Playa del Carmen.
