La entrada en vigor de la prohibición total de vapeadores en México introduce sanciones penales de ocho años para fabricantes y distribuidores de dispositivos electrónicos.
El mercado ilícito de tabaco y vapeadores deja al crimen organizado ganancias de hasta 20 mil millones de pesos al año. El estudio Humo, vapeo y poder señala que siete cárteles controlan este negocio y utilizan las ganancias como "caja chica".
El estudiante, identificado con las iniciales J.M.G.S., se encontró en posesión de un vapeador y una bolsita con marihuana, lo que llevó a la dirección de la escuela a activar los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.