Esta iniciativa, llevada a cabo a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Beneficencia Pública Nacional y Estatal, benefició a hombres y mujeres de diversas localidades del estado, incluyendo Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos.

Zamudio López, designado al frente de la secretaría el pasado 25 de marzo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dejó su puesto el 20 de julio, después de apenas cuatro meses en el cargo. Su salida se produce en medio de un contexto de intensificación de la violencia en Guerrero, una de las regiones más conflictivas del país.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 10 p.m. en la calle 55 de la referida zona. Al recibir el reporte de emergencia, elementos de la policía y agentes ministeriales se trasladaron de inmediato al sitio, donde encontraron el vehículo dañado por entre 7 y 8 disparos.

Según fuentes oficiales, la operación es el resultado de una estrategia integral que busca desarticular las estructuras del crimen organizado y recuperar el control de la seguridad en el municipio de Bacalar, en beneficio de los habitantes de la región.

Amaro afirmó que los meses que tradicionalmente registran el mayor influjo de algas ya han pasado en toda la región del Caribe.

De acuerdo con el reporte, personal naval comisionado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez, Cancún, recibió un llamado al número de emergencias 911 donde se alertaba sobre la presencia de un bulto sospechoso en una playa cercana a un hotel en la carretera Cancún-Playa del Carmen.

Estefanía Ibarra, esposa del presunto agresor, relató que presentó la denuncia penal apenas la semana pasada, pero teme por su vida si el hombre es dejado en libertad después de la audiencia celebrada este lunes en los juzgados penales orales.

De acuerdo a la información recabada, el violento incidente ocurrió sobre la calle 42, cerca de la calle 135, cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra la víctima, quien recibió múltiples impactos de bala.

Pese a que en marzo pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraba que no había contaminación, el material audiovisual muestra la presencia de montañas de basura en el acceso a la reserva, así como tres albercas de lixiviados de hasta 8 metros de profundidad.

Esta situación, que representa el 65.1% de la población carcelaria del estado, ha sido objeto de intensos debates y cuestionamientos sobre la compatibilidad de ciertas prácticas con los estándares internacionales de derechos humanos.