A pesar de la buena temporada vacacional en la Riviera Maya, donde se alcanzó una ocupación del 88%, los restauranteros no fueron tan favorecidos con estos números, al verse afectados por los hoteles “todo incluido” y las rentas vacacionales.

Así lo dio a conocer Rodrigo Alcázar Urrutia, titular de Imoveqroo, al precisar, en entrevista, que los operativos de esta dependencia se están realizando desde el martes pasado tanto en Playa del Carmen como en Cancún.

El lamentable suceso ocurrió en la Región 90 del municipio de Benito Juárez, alrededor de las 10:00 horas de la mañana, en una calle cercana a la avenida Talleres.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración de la Conferencia Magistral "Unidos contra la Extorsión", organizada por el Grupo Centurión, una iniciativa creada desde el inicio de la actual administración que integra a los tres órdenes de gobierno y al sector empresarial. Lezama subrayó que esta "afrenta social" requiere de la unión de esfuerzos para cerrar espacios a los delincuentes.

En un operativo conjunto de los tres niveles de gobierno, las autoridades han asegurado una presunta "casa de seguridad" en la zona de Calderitas, en la capital del estado de Quintana Roo.

El secretario de educación, Carlos Manuel Gorocica Moreno, detalló que a pesar de la ausencia de personal educativo en las instalaciones, el panorama fue positivo, con solo un incidente registrado en una primaria de Cancún. Allí, los delincuentes ingresaron a la bodega del plantel, pero no causaron mayores daños.

El director general de la AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando, resaltó que "la protección del patrimonio de Quintana Roo es una prioridad. No permitiremos que actos ilegales comprometan los bienes que pertenecen a las y los ciudadanos. Esta acción es una muestra del compromiso del gobierno estatal por garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión de los terrenos del Estado".

Durante más de 24 horas, los residentes enfrentaron amenazas, bloqueos con zanjas y camiones, así como la retención de soldados a quienes se les cortó la energía en su campamento. Algunos pobladores, visiblemente angustiados, afirmaron estar siendo obligados por sicarios a participar en los bloqueos. "Es nuestra familia la que está en riesgo, nosotros no tenemos la culpa, somos rehenes", declaró uno de ellos.

Esta acción, realizada sin previo aviso a los usuarios, desató un aluvión de quejas en redes sociales, ya que muchos habitantes, incluidos estudiantes, dependen de este servicio para desplazarse diariamente.

Cueto Riestra explicó que, si bien los aeropuertos son jurisdicción federal, la administración estatal no puede mantenerse al margen de esta problemática, que genera una mala imagen para el destino turístico y puede derivar en quejas o cancelaciones por parte de los visitantes