Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 de la tarde, cuando una mujer acudió al domicilio de su expareja a dejarle al hijo de ambos, acompañada por su actual pareja.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó sobre la privación de libertad de la menor a eso de las 10:15 de la mañana, por lo que de inmediato se activó un operativo por parte de la policía municipal.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por un sujeto que luego murió en el enfrentamiento con los servicios de seguridad.

Este hecho fue reportado por testigos a eso de las 6 de la tarde, por lo que de inmediato acudieron elementos policíacos y paramédicos particulares al kilómetro 239 de la carretera federal 307.

Así lo afirmó Lenin Amaro Betancourt, al ser entrevistado esta tarde, luego de participar en una reunión que sostuvieron empresarios y altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la FGE, para abordar el tema de las extorsiones en la zona.

Dicha tesorera previamente había denunciante en redes sociales que era objeto de acoso laboral e intimidaciones por los funcionarios mencionados, luego que durante el proceso electoral pasado expresara su apoyo por otro candidato a la presidencia municipal, y no por Erik Borges Yam, quien terminó ganando su reelección en las urnas.

Según se informó, la noche de los hechos los cuatro elementos de la Guardia Nacional ubicaron a dos menores de edad en la playa teniendo intimidad, a lo que tras amenazar con detenerlos, sometieron a la joven.

Hasta el lugar se movilizó personal de la Marina y algunos prestadores de servicios acuáticos, quienes iniciaron la búsqueda del tripulante desaparecido, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a un hospital.

Según los vecinos, el hombre había consumido algunas sustancias y decidió subir a lo más alto de la antena, sin que externara alguna intención de suicidarse. Esta situación provocó la movilización de la policía municipal, protección civil y del cuerpo de bomberos.

Los afectados señalaron que son aproximado de mil 500 trabajadores de los dos turnos que habitan en viviendas otorgadas por la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Grupo Carso, donde ni siquiera cuentan con los servicios básicos.