Socio de Ernesto Ruffo deja el Altiplano para cumplir prisión domiciliaria en Baja California
Ricardo Thompson Navarro, vocal del Consejo de Administración de Ingemar y socio del exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México luego de que un juez de control modificara su medida cautelar; por lo tanto, registros judiciales confirmaron que el imputado fue trasladado a su domicilio particular ubicado en la colonia El Sauzal sobre la carretera Tijuana-Ensenada, donde continuará enfrentando el proceso penal bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Modificación de la medida cautelar
La excarcelación del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno se conoció cuando un actuario judicial acudió a notificarle personalmente sobre un juicio de amparo en trámite, momento en el cual las autoridades penitenciarias informaron sobre el cambio en su situación jurídica dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal; asimismo, el juzgador solicitó a un fedatario con sede en Ensenada acudir al domicilio del procesado para requerirle la ratificación de sus escritos de desistimiento en un plazo máximo de tres días.
Acusaciones de la fiscalía federal
Cabe recordar que el pasado 23 de julio, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a Ricardo Thompson Navarro por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques; en consecuencia, la investigación encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señala que la empresa Ingemar importó 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos durante 2025, mientras que Servicios Aduanales JR introdujo otros 225 mil 633 litros sin los permisos requeridos de la Secretaría de Energía.
Daño patrimonial e investigaciones
Los operativos federales realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas permitieron asegurar más de 18 millones de litros de hidrocarburos, estimando un perjuicio a la hacienda pública por 166 millones 466 mil pesos; por último, la red de contrabando presuntamente operada por los implicados sigue bajo indagatoria mientras el coacusado cumple el resguardo domiciliario en Baja California.
