Servidores públicos sancionados por corrupción: la SABG informa sobre 53 procesos penales y el resguardo de 84 mil millones de pesos.
Durante los primeros dos años de la actual administración federal, un total de 53 servidores públicos sancionados por corrupción han sido vinculados a proceso penal tras incurrir en diversos delitos graves. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, presentó estos datos detallados durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, las autoridades destacaron que las acciones preventivas han permitido proteger cerca de 84 mil millones de pesos del erario público.
Avances y cifras de servidores públicos sancionados por corrupción
En el ámbito de la rendición de cuentas, la funcionaria explicó que la fiscalización ha sido constante e intensiva. Por consiguiente, se han aplicado castigos ejemplares a miles de funcionarios en diversas dependencias públicas. En estos dos años, el gobierno registró a 4,193 servidores públicos sancionados por corrupción o por faltas administrativas. De este universo total, 3,528 correspondieron a faltas no graves, mientras que 665 implicaron faltas graves que derivaron en expedientes más complejos.
Entre las irregularidades cometidas se identificó la autorización de pagos indebidos, compras injustificadas y falsificación de documentos oficiales. Asimismo, se detectó la sustracción indebida de información confidencial y casos deplorables de hostigamiento o acoso sexual en centros laborales. Por esta razón, un total de 1,737 expedientes se canalizaron formalmente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente, 87 personas ya cuentan con notificación oficial de sanción y otros 1,650 casos permanecen en proceso de resolución legal.
Denuncias penales contra servidores públicos sancionados por corrupción
Adicionalmente, la titular de la SABG precisó que muchas irregularidades trascienden el plano administrativo e implican conductas tipificadas como ilícitos severos. Debido a esto, las autoridades canalizaron 517 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República. Como resultado directo de estas investigaciones, se logró que 53 servidores públicos sancionados por corrupción quedaran vinculados a proceso penal de forma definitiva.
Los ilícitos más frecuentes detectados en la administración pública incluyen el enriquecimiento ilícito, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones. De igual manera, se identificaron esquemas recurrentes de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de las instituciones gubernamentales. Por lo tanto, el seguimiento judicial continuará hasta deslindar las responsabilidades correspondientes en cada expediente presentado.
Inhabilitaciones y multas económicas aplicadas a empresas particulares
El combate a las prácticas ilícitas también ha alcanzado al sector privado que contrata con el gobierno federal. En este sentido, la secretaría reportó sanciones a 286 personas morales por cometer faltas graves durante licitaciones públicas. Específicamente, 222 empresas recibieron inhabilitación temporal acompañada de multa, mientras que otras 64 recibieron únicamente penalizaciones financieras. En consecuencia, la recaudación total por concepto de estas multas aplicadas ascendió a 147.3 millones de pesos.
Las faltas cometidas por proveedores privados incluyen la presentación de documentación falsa y el incumplimiento estricto de obligaciones contractuales. Muchas compañías simularon capacidad técnica, falsificaron currículos o bien ocultaron flagrantes conflictos de interés para obtener asignaciones directas. Por otra parte, las autoridades aplicaron sanciones por 118.5 millones de pesos a 51 particulares por vulnerar o poseer indebidamente datos personales resguardados.
Ahorro presupuestal mediante la prevención gubernamental
A pesar del volumen de castigos aplicados, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfatizó que la prioridad máxima continúa siendo la prevención estratégica. Gracias a este enfoque, el Estado mexicano logró resguardar 83.8 mil millones de pesos que anteriormente se perdían por irregularidades. Principalmente, las mejores prácticas de compra pública permitieron ahorrar 29 mil millones de pesos de forma directa.
Por otro lado, el seguimiento puntual a la ejecución de contratos generó una protección adicional de 42.2 mil millones de pesos. Además, se sumaron 4.8 mil millones por cobro de sanciones y 7.8 mil millones gracias a la eficiencia en la organización interna. De esta manera, el gobierno federal busca consolidar una cultura de transparencia, fiscalización estricta y uso eficiente del gasto público en todo el territorio nacional.
