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Al menos mil 360 niños y niñas nunca se han vuelto a reunir con sus padres y madres, seis años después de que el gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera sur, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
El programa, que comenzó en la primera administración de Donald Trump, fue considerado por HRW como una “desaparición forzada” y posible “tortura” a los menores y sus familias. Los funcionarios que diseñaron e implementaron estas políticas antiinmigrantes podrían volver a ocupar cargos importantes en un eventual segundo mandato de Trump.
Las separaciones forzadas causaron un daño psicológico enorme a los niños y niñas, quienes sufrieron “angustia intensa, ansiedad profunda y otros traumas” al ser arrancados de los brazos de sus padres, según testimonios recogidos por HRW.
El informe “Tenemos que llevarnos a los niños” concluye que el gobierno se negó, en muchos casos durante días o semanas, a revelar a los padres el paradero de sus hijos, violando así los principios básicos de derechos humanos.
Pese a los esfuerzos para reunificar a estas familias, más de mil 300 menores aún no han podido reencontrarse con sus seres queridos, seis años después.
Expertos exhortan al Congreso y al Poder Ejecutivo a implementar medidas exhaustivas para reparar los daños y otorgar residencia permanente a estas familias. También sugieren que el Senado evalúe el rechazo a funcionarios de Trump que participaron en estas políticas.
Para evitar que se repitan estos abusos, es fundamental que las autoridades migratorias adopten estándares que mantengan unidas a las familias en todo momento, y que se rinda cuentas a los responsables de estos actos que atentan contra la integridad de los menores.