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Senado aprueba polémica reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa

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El Senado de la República aprobó ayer una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, eliminando la posibilidad de que los jueces analicen medidas cautelares alternativas. Esta decisión, impulsada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, ha generado controversia y preocupación entre la sociedad civil, que advierte sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.

Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, explicó en entrevista que la reforma modifica el artículo 19 constitucional, que enumera los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A este catálogo se suman ahora delitos como la distribución de drogas sintéticas, la falsificación de comprobantes fiscales y la extorsión. Sin embargo, la reforma elimina la facultad de los jueces de analizar el caso y dictar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.

“El problema es que lamentablemente se usan mal muchas veces estas herramientas”, señaló Ortiz. “Y la preocupación, sobre todo de sociedad civil, es de que pues en la práctica la prisión preventiva oficiosa, la prisión automática, pues termina perjudicando a los más pobres. Porque quien es acusado de un delito y no tiene los recursos para pagarse un buen abogado, pues no tiene forma de defenderse”.

Ortiz destacó que esta reforma “es un regalo para las fiscalías”, ya que les exime de la responsabilidad de investigar a fondo los casos. “Si tú amplías este artículo 19 y lo endureces para que todo este catálogo, de por sí ya muy extenso, le dejas la única opción al juez de dictar la prisión automática, pues para qué tienes fiscalía”, cuestionó. “Solamente tienes a un personal que se dedica a a traerte personas para que el juez las, las les dicte esta aprensión automática y pues ya”.

La reforma también ha sido criticada por el senador Luis Donaldo Colosio, quien señaló que “se trata a esta gente como culpables antes de que un juez haya podido examinar su caso”. Colosio lamentó que “el Estado ha decidido que es más fácil meter a las personas a la cárcel que mejorar las capacidades de investigación de sus fiscalías”.

Ortiz coincidió con esta crítica, y agregó que la reforma no contempla la reinserción social de los presos. “Tienes a gente en la cárcel, pero tú no estás destinando nada a un proyecto viable para que estas personas que cometieron una conducta, o se les acusó de una conducta, pues puedan reintegrarse a la sociedad”, señaló.

El especialista advirtió que esta medida podría incentivar la extorsión por parte de las autoridades. “Le estás dando un incentivo muy fuerte a funcionarios del SAT de que te puedan estar extorsionando para que a ti no te acusen de comprobantes fiscales falsos”, ejemplificó.

Finalmente, Ortiz alertó sobre la sobrepoblación carcelaria que podría generar esta reforma. “Las cárceles ya están llenas, ya simple y sencillamente las cárceles en este país están saturadas, sobre todo las cárceles que tienen que ver con delitos del fuero común”, concluyó.

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