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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado el permiso de impacto ambiental para la electrificación del Tren Maya en el tramo 6, que conecta Tulum con Chetumal. Esta decisión, anunciada el 20 de marzo de 2025, ha generado controversia, ya que el proyecto comenzó su construcción sin contar con los permisos ambientales necesarios, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la sostenibilidad del mismo.

El gobierno federal ha argumentado que la electrificación es esencial para el correcto funcionamiento del tren y para asegurar un manejo eficiente de la energía. La inversión destinada a este proyecto asciende a 1,635 millones de pesos, que se han utilizado en la construcción de subestaciones, tendido eléctrico y la adquisición de terrenos y materiales. Sin embargo, la falta de permisos previos ha llevado a críticos a cuestionar la transparencia y la responsabilidad del gobierno en la ejecución de obras de esta magnitud.

La Semarnat ha justificado su aprobación al señalar que la electrificación es fundamental para dotar al tren de la energía necesaria para su operación. A pesar de esto, el hecho de que la obra haya iniciado sin la debida autorización ha suscitado críticas por parte de organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados por el impacto que estas obras pueden tener en la biodiversidad y el ecosistema de la región.

Desde el inicio de la construcción del Tren Maya en 2022, el gobierno ha clasificado el proyecto como de “seguridad nacional”, lo que le ha permitido avanzar sin cumplir con los trámites ambientales requeridos. Esta estrategia ha generado un clima de desconfianza entre los sectores que abogan por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en el desarrollo de infraestructura.

Con la reciente aprobación, el tramo 6 del Tren Maya avanza hacia su operación eléctrica, consolidando así un ambicioso proyecto que ha sido objeto de debate y controversia. La comunidad espera que las autoridades atiendan las preocupaciones sobre la legalidad y el impacto ambiental, a medida que se intensifican las críticas sobre la forma en que se han manejado los permisos y la ejecución del proyecto.

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