La sede de la Comisión Federal de Electricidad mantiene sus planes de financiamiento e infraestructura en el periodo en que ajusta calificadora internacional su perfil crediticio
Ciudad de México. El ecosistema financiero nacional experimentó un reajuste generalizado en sus métricas de riesgo tras las modificaciones aplicadas a los fondos soberanos de la República Mexicana. La agencia calificadora Moody’s Investors Service aplicó una reducción en las evaluaciones de solidez financiera a la Comisión Federal de Electricidad y a los principales brazos de la banca de desarrollo gubernamental, incluidos Bancomext y Nafin. Las revisiones a la baja alcanzaron de igual forma al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a cinco de las corporaciones bancarias de capital privado con mayor presencia operativa en el territorio nacional. Por consiguiente, los mercados internacionales reaccionaron con cautela ante el incremento en los costos implícitos de financiamiento para las entidades estratégicas del sector público y privado.
Efecto cascada institucional
Las degradaciones corporativas se formalizaron apenas veinticuatro horas después de que la firma internacional recortara la nota crediticia del Gobierno de México, situándola en el nivel Baa3, al borde del grado especulativo. Los analistas de la calificadora internacional determinaron que el debilitamiento de las finanzas públicas federales reduce de forma automática la capacidad del Estado para brindar soporte financiero extraordinario a sus organismos descentralizados. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad se ve directamente afectada por mantener un vínculo patrimonial indisoluble con la administración central, reflejando de inmediato el deterioro en el perfil soberano del país. De esta forma, el techo de calificación para las empresas productivas del Estado quedó condicionado por el nuevo estatus crediticio de la federación.
Impacto en la banca de desarrollo
Las instituciones encargadas de fomentar el comercio exterior y el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa mexicana absorbieron el impacto directo de la nueva política de evaluación de riesgos. Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera observaron una reducción equivalente en sus métricas debido a que sus obligaciones de deuda cuentan con la garantía explícita del gobierno federal mexicano. La calificadora Moody’s argumentó que la vulnerabilidad de los ingresos presupuestarios limita la efectividad de las garantías gubernamentales ante escenarios de estrés financiero global. Por lo tanto, el IPAB también ajustó su posición de riesgo debido a su dependencia directa de las transferencias federales destinadas a la protección de los ahorradores del sistema financiero mexicano.
Contagio al sector bancario privado
La banca comercial de capital privado no quedó exenta de los ajustes debido a su profunda exposición a los títulos de deuda pública y al entorno macroeconómico que prevalece en el país. Cinco de las instituciones financieras privadas más relevantes del sistema de pagos nacional sufrieron recortes en sus notas de depósitos y deuda a largo plazo por parte del corporativo internacional. Moody’s fundamentó su decisión señalando que los bancos privados operan bajo el mismo entorno operativo debilitado y resienten la desaceleración del portafolio crediticio corporativo. De esta forma, el ajuste generalizado en las calificaciones crediticias incrementa los desafíos para la colocación de capitales extranjeros en el mercado bursátil nacional durante el presente ciclo económico.
