Cancún, Quintana Roo.— La seguridad vial en México enfrenta un desafío crítico, con miles de vidas perdidas anualmente debido a siniestros de tránsito. En una entrevista exclusiva de Agenda QR, el periodista Javier Vite conversó con Areli Carreón, integrante de la Coalición Movilidad Segura y fundadora de Bicitekas. Carreón enfatizó la urgencia de alinear las normativas de seguridad vehicular. Esta medida salvaría innumerables vidas en las calles del país, además de mejorar la situación actual.
Mortalidad vial: una epidemia
Areli Carreón destacó una realidad poco conocida y alarmante en México: anualmente, 16,000 mexicanos y mexicanas pierden la vida en siniestros de tránsito. Esta cifra se agrava al considerar que, según evidencia científica global, nueve de cada diez de estos incidentes son completamente prevenibles. Es inaceptable, por consiguiente, que 16,000 familias queden enlutadas cada año. Estos siniestros representan, además, la principal causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años en México, una estadística que debería generar profunda preocupación en todas las familias.
Más allá de las fatalidades, los siniestros de tránsito son la principal causa de lesiones. También constituyen la principal razón de adquisición de una discapacidad permanente. Cerca de 130,000 personas resultan lesionadas anualmente, muchas de ellas con secuelas de por vida. Por lo tanto, este problema se configura como un grave asunto de salud pública que demanda una atención inmediata.
Marco legal y pruebas de seguridad
Las organizaciones integradas en la Coalición Movilidad Segura de México han trabajado arduamente durante los últimos 10 años. Su esfuerzo culminó con la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Este es el primer marco regulatorio en el país que aborda específicamente temas de movilidad y seguridad vial. La ley ahora contempla la obligatoriedad para el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales de asumir su parte de responsabilidad. Cada nivel de gobierno debe implementar acciones dentro de su ámbito legal para prevenir estos siniestros de tránsito, buscando así una seguridad vehicular integral.
La entrevista mostró imágenes de las pruebas realizadas por Latin NCAP, una organización independiente dedicada a evaluar la seguridad de los vehículos. Estas pruebas someten a los automóviles a simulaciones de choques laterales y frontales, verificando la efectividad de sus sistemas de seguridad. Recientemente, la Coalición Movilidad Segura celebró una conferencia de prensa en la Ciudad de México. El objetivo fue alertar y llamar al Gobierno Federal a completar el proceso normativo estipulado en la ley general. Esto busca asegurar que todos los vehículos vendidos en el mercado mexicano incluyan los dispositivos necesarios para proteger a sus pasajeros, conductores y al resto de la sociedad, incluyendo a los usuarios vulnerables fuera del vehículo.
La industria automotriz y el consumidor
Javier Vite planteó la importancia de que los consumidores conozcan la fabricación de los vehículos, ya que fallas de fábrica pueden poner en riesgo a familias enteras. Areli Carreón confirmó que la ley establece la obligatoriedad de proporcionar información independiente y clara a los consumidores sobre seguridad vehicular. Si bien los distribuidores ensalzan las virtudes de sus vehículos, el Gobierno Federal debería ser la fuente imparcial de esta información. Así, se garantiza la seguridad de quien compra los vehículos, sin beneficiar a una marca específica.
México se destaca como el sexto productor global de vehículos para el mercado internacional, siendo una potencia armadora. Es lamentable que la industria automotriz mexicana, que ya cumple con altos estándares de seguridad vial en los vehículos exportados, no esté obligada a cumplir estas mismas normativas en México. No existen regulaciones que exijan que los dispositivos de seguridad sean obligatorios para todos los vehículos nuevos a la venta en el país. Aunque algunas marcas ofrecen estas características con un costo adicional, la sociedad civil exige que esta normativa sea obligatoria para todas las gamas de vehículos. Esto garantizaría que cualquier coche, sin importar su precio, sea inherentemente seguro y que el público consumidor pueda elegir informadamente, finalizó Areli Carreón.
