El expediente por presunta corrupción en la seguridad de Sinaloa forzó la separación del cargo del mandatario Rubén Rocha Moya
Nueva York, EUA. Un juzgado federal del estado de Nueva York formalizó el calendario de comparecencias para el antiguo jefe de las corporaciones policiales sinaloenses, quien fue capturado recientemente en la entidad fronteriza de Arizona; por lo tanto, el procesado de origen mexicano permanecerá bajo reclusión mientras comienzan las audiencias definitivas en los tribunales estadounidenses. El imputado, identificado como el general en retiro Gerardo Mérida, deberá presentarse ante los magistrados internacionales el próximo 1 de junio; asimismo, la Corte para el Distrito Sur determinó suspender temporalmente el estatuto de juicio rápido durante un periodo de dos semanas adicionales.
Cargos en el tribunal de Nueva York
La detención del exservidor público se ejecutó el pasado 11 de mayo por agentes de seguridad americana, registrándose su primera comparecencia formal el 15 de mayo. En dicho acto judicial, el exsecretario de seguridad de Sinaloa rechazó las acusaciones en su contra y se declaró no culpable de los delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y asociación delictiva para el acopio de armas; en consecuencia, el militar enfrenta la posibilidad de recibir una condena de cadena perpetua debido a la gravedad de los señalamientos formulados por la fiscalía neoyorquina.
Vínculos con la trama criminal
Los reportes financieros anexos revelan que la instancia judicial asignó una defensora de oficio al acusado tras acreditarse su insolvencia económica mediante una declaración jurada. La abogada Sarah Krissoff asumió la representación legal del exmilitar, quien es considerado por los investigadores como un elemento clave para la protección de células delictivas; mientras tanto, las indagatorias vinculan estas redes de impunidad con la estructura del gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó una licencia temporal de sus funciones gubernamentales tras revelarse los supuestos sobornos millonarios.
De esta forma, la justicia norteamericana avanza en el esclarecimiento de los presuntos esquemas de corrupción que operaban en el noroeste de México. Las autoridades ministeriales concentran sus esfuerzos en demostrar la complicidad de los mandos policiales con el crimen organizado, esperando que la próxima sesión jurídica aporte datos concluyentes sobre los apoyos logísticos otorgados en materia de seguridad de Sinaloa para favorecer el libre tránsito de sustancias ilícitas hacia la frontera norte.
