Las recientes sanciones de Estados Unidos impactan la red de negocios de Gaesa en Cuba
El gobierno de Estados Unidos penalizó formalmente este martes a cinco corporaciones controladas por el Estado cubano debido a su participación en el financiamiento de la administración isleña. Washington incluyó en estas restricciones financieras a una familiar directa de la dinastía gobernante, buscando con ello debilitar los mecanismos de captación de recursos del sistema comunista. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, argumentó que las autoridades de la isla caribeña priorizan el control político por encima del bienestar ciudadano fundamental.
Bloqueo corporativo estratégico
La ofensiva del Departamento de Estado se dirigió principalmente contra tres compañías filiales del poderoso conglomerado militar Gaesa, el cual domina gran parte de la economía en Cuba. Entre las entidades sancionadas por Estados Unidos destacan Rafin y el Banco Financiero Internacional, instituciones bancarias señaladas de movilizar capitales estratégicos a favor de la cúpula gobernante. Asimismo, la empresa logística Almacenes Universales fue integrada a la lista negra por sus operaciones comerciales en la infraestructura portuaria isleña.
Infraestructura bajo la lupa
El castigo estadounidense también alcanzó al sector productivo con la penalización de la Empresa Siderúrgica José Martí, el mayor complejo de acero bruto remodelado con capitales procedentes de Rusia. De igual manera, la firma GeoMinera quedó proscrita a pesar de gestionar recursos no niquelíferos en alianza con la corporación australiana Antilles Gold. Las medidas congelan activos e impiden transacciones internacionales de estas firmas básicas para el sostenimiento del aparato gubernamental de la isla.
Cerco familiar directo
En el plano individual, las restricciones afectaron a Annalie Lilliam Rueda Cardero, quien está casada con Alejandro Castro Espín, antiguo líder de los servicios de inteligencia cubanos. Su suegro, el exmandatario Raúl Castro, mantiene expedientes abiertos en tribunales norteamericanos por el derribo de aeronaves civiles pertenecientes a organizaciones del exilio en el año 1996. Con estas acciones, las sanciones de Estados Unidos incrementan el aislamiento financiero sobre los círculos más íntimos del poder en La Habana.
