Especialistas exigen auditorías forenses a las piezas rescatadas durante las obras de salvamento del Tren Maya
Miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en Quintana Roo para exigir una indagatoria profunda sobre presuntos delitos cometidos contra el patrimonio cultural de la nación. El representante de la comisión sindical, Jesús Evaristo Sánchez, interpuso formalmente el recurso legal durante los días 7 y 8 de julio de 2026 tras detectar graves irregularidades en las obras del Parque de la Memoria Báalam Tun. El proyecto recreativo, derivado directamente de las labores de salvamento arqueológico por la construcción del Tren Maya, se encuentra bajo sospecha debido a la pérdida irreparable de vestigios prehispánicos. Por consiguiente, los promoventes demandan que el ministerio público federal determine las responsabilidades legales de los funcionarios involucrados en las obras del salvamento del Tren Maya.
Presunta falsificación de vestigios
El arqueólogo promovente detalló en una conferencia de prensa que la acusación formal señala la mutilación y posterior demolición de por lo menos 47 monumentos arqueológicos de origen maya. De acuerdo con las declaraciones del especialista, los materiales pétreos resultantes de esta destrucción masiva habrían sido reutilizados de forma ilegal para erigir estructuras falsificadas dentro del parque recreativo. Los investigadores calificaron esta acción como un engaño histórico y un fraude ideológico-arqueológico sin precedentes en la región. Asimismo, los denunciantes consideran que la mala praxis ejercida por el personal técnico vulneró las normativas vigentes destinadas a la protección de las zonas históricas afectadas por el salvamento del Tren Maya.
Funcionarios de alto nivel señalados
La denuncia penal de la organización gremial se dirige específicamente contra 26 funcionarios públicos y contra cualquier otro servidor que resulte responsable durante el desarrollo de las investigaciones federales. Entre los nombres más relevantes integrados en el documento destaca Diego Prieto Hernández, exdirector general del INAH, así como Manuel Pérez Rivas, encargado de dirigir el proyecto de rescate en el trazo ferroviario. De igual manera, el recurso legal involucra de manera directa a los integrantes del Consejo de Arqueología del instituto, organismo técnico que actualmente se encuentra bajo la presidencia de Laura Ledesma Gallegos. Los académicos enfatizan que estas conductas configuran delitos de coalición de servidores públicos y ejercicio ilícito del servicio público en el salvamento del Tren Maya.
Seis delitos bajo investigación
El expediente presentado ante los agentes federales detalla formalmente seis conductas delictivas relacionadas con el uso indebido de atribuciones y facultades en la edificación de Báalam Tun. Las acusaciones penales abarcan la destrucción de monumentos arqueológicos, la falsificación de monumentos inmuebles, el fraude arqueológico, la mala praxis profesional y la colusión de funcionarios. Hasta el momento, las autoridades y directivos señalados en la carpeta de investigación en la península no han emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a las imputaciones. En consecuencia, el sindicato de investigadores mantendrá la exigencia de que se apliquen sanciones administrativas y penales estrictas a quienes resulten culpables de dañar el patrimonio nacional durante las tareas del salvamento del Tren Maya.
