El Departamento de Estado prevé invalidar hasta doscientos mil visados de turismo y negocios emitidos durante la última década
Washington, EUA. El gobierno de Estados Unidos planea cancelar hasta doscientas mil visas de turismo y negocios correspondientes a personas que ingresaron al país mediante permisos de corta estancia y posteriormente tramitaron solicitudes de asilo. La medida, impulsada de forma coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, afectaría a documentos emitidos entre dos mil dieciséis y dos mil veintiséis. Según funcionarios federales, esta acción representa la mayor cancelación de visados en la historia norteamericana y busca frenar el uso de estancias temporales como un mecanismo para permanecer de manera indefinida en territorio estadounidense.
Impacto migratorio y postura oficial
Las autoridades federales aclararon que la revocación de estos permisos —conocidos formalmente como categorías B1 y B2— no implicará necesariamente una deportación inmediata, aunque los afectados perderán su condición de viajeros autorizados mientras sus casos migratorios avanzan en los tribunales. Voceros de la administración estadounidense criticaron duramente el uso de estas herramientas legales para evadir los controles migratorios tradicionales. Por su parte, los solicitantes actuales de estos visados enfrentan mayores requisitos, incluida la comprobación estricta de sus intenciones de retorno y la entrega detallada de información sobre su actividad en redes sociales.
Antecedentes de restricciones y contexto político
Esta directriz se suma a una serie de políticas migratorias restrictivas implementadas durante la administración de Donald Trump, las cuales incluyen fianzas económicas elevadas para determinados trámites y la suspensión temporal de emisiones para ciudadanos de naciones específicas. En los últimos dieciocho meses, el Departamento de Estado ya había invalidado cerca de ciento setenta y cinco mil visas por motivos penales o de seguridad nacional. Analistas jurídicos anticipan que la nueva directriz enfrentará diversas impugnaciones legales debido al volumen masivo de extranjeros que mantienen trámites de refugio pendientes en el país.
