La vigilancia estatal se reforzó tras el rescate ciudadano que impidió una ilegal revocación de mandato en el Congreso
Oaxaca, Oaxaca. La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Saraí Juárez Ramírez, fue víctima de una violenta privación de la libertad durante la tarde del pasado martes en las instalaciones del Congreso de Oaxaca. Un grupo de pobladores provenientes de Ejutla de Crespo irrumpió en la sede del Poder Legislativo local con el objetivo de sustraer a la funcionaria mediante el uso de la fuerza física. Esta agresión surgió como respuesta a la negativa de las autoridades correspondientes para proceder con la revocación de mandato que los habitantes exigen, derivando en una crisis de seguridad que obligó a suspender las actividades parlamentarias en el recinto estatal.
Violencia en el recinto legislativo
Los manifestantes lograron interceptar a la alcaldesa y, a pesar de su resistencia, consiguieron introducirla en una ambulancia para trasladarla contra su voluntad hacia su comunidad de origen. De acuerdo con los testimonios de los inconformes, la edil es señalada por el presunto robo de recursos del erario público ocurrido en noviembre de 2025, fecha desde la cual, aseguran, abandonó sus responsabilidades en el municipio. Por consiguiente, el descontento social escaló hasta el punto de intentar ejecutar una medida de presión extrema para forzar la revocación de mandato, alegando que no existen garantías de justicia por la vía institucional ordinaria.
Asimismo, la oportuna intervención de la Policía Vial de Oaxaca permitió interceptar el vehículo de emergencia donde transportaban a Juárez Ramírez, logrando así ponerla a salvo antes de abandonar la zona urbana. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado desplegó un operativo que culminó con la detención de 24 personas involucradas en el secuestro y los disturbios dentro del inmueble público. En consecuencia, los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica tras los hechos violentos cometidos bajo el pretexto de solicitar la revocación de mandato.
Crisis política y detenciones masivas
La situación en San Agustín Amatengo permanece en una tensa calma mientras las instancias de procuración de justicia analizan las acusaciones de corrupción vertidas contra la munícipe rescatada. No obstante, las autoridades estatales enfatizaron que ninguna inconformidad social justifica el uso de la violencia o la retención ilegal de servidores públicos para gestionar una revocación de mandato de forma arbitraria. De esta forma, se espera que el proceso legal aclare tanto el paradero de los fondos públicos cuestionados como la responsabilidad penal de quienes participaron en el asalto al Congreso, buscando restablecer el orden institucional en la región.
