Legisladores veracruzanos votaron a favor de los juicios de procedencia en una sesión que determina cómo retiran inmunidad penal a alcaldes
Xalapa, Veracruz. El pleno del Congreso del estado de Veracruz aprobó este miércoles por la noche, mediante una votación de 40 sufragios a favor y ocho en contra, retirar la inmunidad constitucional a dos presidentes municipales pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano; por consiguiente, la resolución del poder legislativo local extinguió el fuero que protegía a los funcionarios y abrió el camino legal para que continúen las investigaciones criminales correspondientes.
Imputaciones criminales de alto impacto
La declaración de procedencia judicial afectó directamente a Bertín Bravo Montero, mandatario de Úrsulo Galván, a quien la Fiscalía del Estado imputa por planear la desaparición forzada del comerciante Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López; asimismo, la medida legislativa retiró la protección a Raúl González Martínez, edil de Ixhuatlán del Sureste, investigado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, cometido en junio pasado.
Retiran inmunidad penal a alcaldes
La fiscal general de la entidad, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó categóricamente que este procedimiento responda a consignas de carácter partidista; de este modo, el órgano autónomo busca el esclarecimiento de los delitos mediante el debido proceso, obligando a los imputados a solventar sus respectivas carpetas penales tras confirmarse la pérdida del fuero que avala que retiran inmunidad penal a alcaldes veracruzanos.
Alegatos de la defensa y posturas
Previamente, González Martínez argumentó que los expedientes de la fiscalía carecen de registros fotográficos que lo vinculen con armas de fuego y negó relación alguna con la reportera fallecida en Nanchital; mientras tanto, Bravo Montero acudió ante las y los diputados para manifestar que demostraría su inocencia frente a las acusaciones graves que motivaron la pérdida de sus garantías institucionales.
Reacción partidista ante los desafueros
El coordinador nacional del organismo político, Jorge Álvarez Máynez, denunció una persecución política sistemática iniciada bajo la administración de Cuitláhuac García Jiménez y prolongada durante el actual mandato de Rocío Nahle García; en consecuencia, el dirigente acusó la judicialización selectiva del caso, aunque la fiscalía reiteró que la votación del congreso únicamente faculta la acción penal ordinaria sin prejuzgar la culpabilidad definitiva.
