Un reporte de Causa en Común denuncia abandono en policías, fiscalías, penales, atención a víctimas y militarización.
Por Agenda QR
La organización civil Causa en Común emitió un categórico diagnóstico con motivo de la presentación del Segundo Informe de Gobierno federal. A través de su boletín oficial, la agrupación ciudadana denunció la persistencia de un abandono sistemático dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por consiguiente, el análisis técnico concluye que los acuerdos institucionales para el fortalecimiento policial y la procuración de justicia carecen de respaldo presupuestal.
El documento señala que, a pesar del reconocimiento explícito sobre las deficiencias en certificación y equipamiento, las reformas continúan siendo letra muerta en el país. Las corporaciones locales operan bajo condiciones de extrema precariedad laboral e insuficiencia de insumos básicos. De igual manera, la falta de registros confiables a nivel municipal imposibilita evaluar adecuadamente a más de 1,500 corporaciones preventivas locales.
Condiciones laborales según el reporte de Causa en Común
Durante la presente gestión federal, la organización ha documentado al menos 126 movilizaciones policiales derivadamente de la precariedad salarial y operativa. Estas acciones incluyen 60 manifestaciones públicas, 58 paros de labores y ocho emplazamientos colectivos a suspensión de actividades. Ciertamente, el riesgo mortal para los uniformados se mantiene elevado, contabilizándose 637 asesinatos de agentes de seguridad pública en el territorio nacional.
Por otra parte, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República enfrentan severos problemas de autonomía y capacidad investigativa. Las cargas de trabajo insostenibles y la interferencia política han generado un rezago acumulado de 2.1 millones de carpetas de investigación. Asimismo, los servicios forenses operan con graves limitaciones operativas frente a la demanda social de justicia.
Crisis en el sistema penitenciario y atención a víctimas
El reporte de Causa en Común advierte que la sobrepoblación en los centros penitenciarios se incrementó en un 16 por ciento. Esta saturación responde principalmente al uso extendido de la prisión preventiva oficiosa dentro del sistema judicial. En consecuencia, de las 272,448 personas privadas de la libertad en el país, 118,266 permanecen encarceladas sin haber recibido una sentencia definitiva.
En materia de atención a víctimas, el diagnóstico enfatiza la pérdida de autonomía de los organismos protectores de derechos humanos. Además, las comisiones de búsqueda muestran incapacidad operativa frente al fenómeno de la desaparición forzada. Las estadísticas de la organización contabilizan 20,314 personas desaparecidas y el hallazgo de al menos 617 fosas clandestinas durante el periodo evaluado.
Militarización, opacidad y violencia de alto impacto
El estudio alertó sobre la creciente influencia política y económica asumida por las Fuerzas Armadas en tareas civiles. Esta expansión militar ocurre dentro de un contexto de opacidad informativa tras la desaparición de los órganos de transparencia. De hecho, la organización denunció patrones anómalos en los registros oficiales de incidencia delictiva presentados en los informes gubernamentales.
Finalmente, el documento resalta el registro de atrocidades de alto impacto cometidas a lo largo de la geografía nacional. Entre los eventos documentados destacan 2,421 asesinatos con tortura, 1,073 feminicidios con extrema crueldad, 693 masacres comunitarias y 14 homicidios de periodistas. Las instituciones civiles requieren un replanteamiento urgente para recuperar la paz social en las entidades federativas.
TE PUEDE INTERESAR: Proyecto UMusic Hotel en Tulum impulsará el turismo cultural y sostenible
