El exceso de velocidad del tren fue la causa principal del siniestro ocurrido el pasado 28 de diciembre según la información de la caja negra
Ciudad de México. El proceso de justicia tras el siniestro ferroviario en el Istmo de Tehuantepec ha alcanzado una etapa de resolución económica y jurídica para los afectados. La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este miércoles 8 de abril de 2026 que se concretó la reparación integral del daño para 145 personas que sobrevivieron al percance ocurrido a finales del año pasado. De acuerdo con las autoridades federales, la firma de estos convenios ha permitido la extinción de la acción penal contra la empresa responsable, priorizando una solución ágil para los ciudadanos. Esta medida busca resarcir las afectaciones sufridas por los pasajeros; asimismo, se pretende cerrar el capítulo legal mediante mecanismos de justicia alternativa que eviten procesos judiciales prolongados y desgastantes para las familias involucradas.
Reparación a pasajeros
La titular de la institución, Ernestina Godoy, detalló que el grupo de beneficiarios directos está compuesto por 114 adultos y 31 menores de edad que viajaban en la unidad al momento del impacto. La entrega de los recursos se realizó de manera inmediata gracias a la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que supervisó que los montos fueran proporcionales a las afectaciones individuales reportadas. De esta forma, el plazo legal para que el permiso de operación de la vía se mantuviera bajo escrutinio ha derivado en un acuerdo de satisfacción mutua. Mientras tanto, los sobrevivientes han aceptado estos mecanismos constitucionales como la vía más eficiente para obtener una compensación justa tras la emergencia vivida en la zona de Nizanda.
Causa del siniestro
Las investigaciones técnicas realizadas sobre la Línea Z del sistema ferroviario arrojaron resultados determinantes respecto a la dinámica del accidente. Según el peritaje de la caja negra analizado por la FGR el pasado 27 de enero, la formación que incluía dos locomotoras y cuatro vagones circulaba a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Esta cifra superaba los 50 kilómetros por hora que estaban permitidos para ese tramo específico de la red; por lo tanto, el exceso de velocidad se confirmó como el factor detonante de la salida de las vías. Por consiguiente, la responsabilidad administrativa quedó claramente establecida, ya que la maquinaria operaba fuera de los rangos de seguridad estipulados por el propio reglamento de navegación ferroviaria vigente.
Justicia y transparencia
El procedimiento de conciliación estuvo coordinado por el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, garantizando que cada firma fuera voluntaria y transparente. La fiscal general subrayó que el objetivo primordial fue proteger los derechos de las víctimas y asegurar que no existiera impunidad, a pesar de que la acción penal concluya con este pago. De esta manera, el sistema de transporte busca recuperar la confianza de los usuarios mediante la atención directa a los reclamos ciudadanos; mientras tanto, se mantienen protocolos de vigilancia más estrictos para evitar que una negligencia operativa vuelva a poner en riesgo la integridad de los viajeros. El plazo de respuesta institucional resulta clave para formalizar el permiso de reparación del daño antes de que se cumpliera un año de los trágicos hechos en Oaxaca.
