Agenda QR

En una entrevista exclusiva para Agenda QR, el ingeniero Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Quintana Roo, advirtió sobre las serias implicaciones de las recientes políticas de deportación implementadas por el gobierno de Estados Unidos. Villarreal enfatizó que, aunque las deportaciones aún no son masivas, podrían convertirse en un problema grave para México, especialmente en un contexto donde ya hay 270,000 migrantes varados debido a la suspensión del programa CP One.

Durante la charla con el periodista Miguel Aquino, Villarreal destacó que muchos de los deportados podrían tener antecedentes penales. “No sabemos si vienen de cárceles o si han cometido delitos en Estados Unidos. Esto debe preocuparnos, ya que son personas que podrían integrarse a nuestras comunidades sin un control adecuado”, explicó. Este fenómeno plantea una crisis potencial de seguridad, añadiendo presión a un país que ya enfrenta desafíos en este ámbito.

El ingeniero también abordó el impacto económico de las políticas de aranceles propuestas por Trump. “Un aumento del 25% en aranceles afectará a muchos productores mexicanos que exportan a Estados Unidos, desde aguacates hasta tomates”, explicó. Además, advirtió que cerca del 20% de los insumos utilizados en la industria restaurantera son importados, lo que podría resultar en un aumento de precios y desabasto en México, afectando a los consumidores.

Villarreal subrayó que, a medida que más deportados lleguen a México, la presión sobre el mercado laboral se intensificará. “Los deportados, acostumbrados a salarios de entre 30,000 y 35,000 pesos mensuales en Estados Unidos, difícilmente aceptarán trabajos que paguen menos”, indicó. Esto podría llevar a algunos a buscar alternativas ilícitas para mantener su nivel de vida, lo que aumentaría la delincuencia y complicaría aún más la situación de seguridad en el país.

Finalmente, Villarreal hizo un llamado a la colaboración entre empresarios, autoridades y la sociedad civil. “No estoy en contra de ofrecer empleo a los deportados, pero tenemos que asegurarnos de que pasen por filtros adecuados. La seguridad de nuestras comunidades es prioritaria”, concluyó. Las decisiones que se tomen en el corto plazo serán críticas para abordar los desafíos que presenta esta nueva realidad.

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