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En un panorama cada vez más preocupante para los usuarios de servicios financieros en Quintana Roo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que las reclamaciones contra bancos ascendieron a 31.9 millones de pesos en 2024. Este monto representa un incremento del 62.8% respecto al año anterior, evidenciando una crisis de confianza en el sistema bancario y un aumento significativo en las quejas por fraudes.

Durante el año pasado, la Condusef registró un total de cinco mil 817 reclamaciones, lo que constituye un alza del 21% en comparación con 2023. Entre las quejas más comunes se encuentran los cargos no reconocidos y la actualización del historial crediticio. Osmaida Santiago Leonel, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Servicios Financieros, subrayó que los fraudes más frecuentes involucran suplantaciones de identidad a través de llamadas telefónicas y engaños en cajeros automáticos, donde delincuentes abordan a las víctimas, muchas de ellas adultos mayores.

La mayoría de las víctimas de estos fraudes son personas de la tercera edad, quienes son abordadas por grupos de individuos en los cajeros automáticos. Tras realizar una transacción, se les informa que su cuenta sigue abierta, lo que lleva a que, en un momento de distracción, les cambien la tarjeta por otra y se queden con la original. Este modus operandi ha suscitado alertas en la comunidad, que ahora debe permanecer vigilantemente atenta a posibles engaños.

En lo que va del año 2025, la Condusef ya ha recibido 557 quejas, lo que refuerza la necesidad de implementar acciones de prevención más efectivas. Hasta enero, se habían recuperado 1.5 millones de pesos de los montos reclamados, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, muchos usuarios continúan siendo víctimas de fraudes financieros. El 24.2% de las reclamaciones proviene de adultos mayores, lo que sugiere que este grupo demográfico es particularmente vulnerable.

La situación actual pone de manifiesto la urgencia de que las instituciones financieras refuercen sus medidas de seguridad y educación financiera, especialmente para proteger a la población más susceptible. Una respuesta efectiva no solo es necesaria para restaurar la confianza de los usuarios, sino también para abordar la creciente ola de delitos que amenaza la estabilidad de las relaciones bancarias en la región.

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