Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó que doce funcionarios públicos están siendo investigados por omisiones relacionadas con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. El proceso legal contra estas personas, acusadas de probable responsabilidad por faltas en su labor, sigue vigente y en espera de una audiencia judicial desde el pasado 30 de abril. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, precisó que la investigación incluye a cuatro peritos, cinco policías investigadores, dos agentes del Ministerio Público y un director. De la Cruz Tovar enfatizó que para la dependencia este no es un asunto concluido ni archivado, pues continúa en la instancia judicial a la espera de la celebración de la comparecencia.
Funcionarios omisos
El fiscal desestimó la posibilidad de que se esté buscando a “chivos expiatorios” en este caso. La investigación determinó que los funcionarios incurrieron en omisiones al no ser exhaustivos en los peritajes y otras tareas que les correspondían. Aunque los peritos argumentan que solo siguen instrucciones del Ministerio Público, el titular aclaró que no es así, pues ellos son los expertos que deben agotar los procesos. En casos como el procesamiento del Rancho Izaguirre, el Ministerio Público da una instrucción general, por lo tanto, los especialistas deben seguir los protocolos en base a su expertis.
La omisión de los protocolos durante las pesquisas constituye un delito, según el titular. De entrada, se tipifica como abuso de autoridad en la modalidad de negarle el acceso a la justicia a las víctimas; sin embargo, esta conducta omisa podría derivar en otros delitos. Un ejemplo son los delitos cometidos en la administración de justicia, que ocurren cuando actos u omisiones generan un beneficio indebido para alguna de las partes. El funcionario aclaró que esto no es una persecución, sino una investigación; no obstante, existe la posibilidad de ampliarla a otros niveles. De esta forma, si las declaraciones de las personas investigadas ofrecieran más datos, la pesquisa podría incluir incluso al ex titular de la Fiscalía, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
El rancho de Teuchitlán
La denuncia sobre actividades ilícitas en el Rancho Izaguirre se originó en marzo, presentada por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, donde se presumían labores de adiestramiento y reclutamiento del crimen organizado. El predio fue comprado en 2012 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) después de amenazar a su dueño original, Don Genaro Ramírez. En 2014, el cártel comenzó la construcción de diversas edificaciones en el lugar. En un hecho previo, en septiembre de 2024, la Guardia Nacional descubrió el predio, enfrentándose a criminales, lo que resultó en la detención de 10 personas y el rescate de dos secuestrados.
El 5 de marzo de 2025, el Colectivo ingresó al Rancho Izaguirre gracias a una denuncia anónima. Encontraron restos óseos calcinados, casquillos de bala, cargadores, ropa y más de 200 pares de zapatos. La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación. Entre los detenidos vinculados al CJNG se encuentra José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, líder de una célula encargada del reclutamiento y adiestramiento en el sitio. A pesar de que el Colectivo acusó que el rancho era un centro de exterminio y crematorio clandestino, la Fiscalía de Jalisco descartó la existencia de estructuras de hornos. Sin embargo, la Fiscalía confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados. La FGR posteriormente delimitó las actividades en el predio únicamente a reclutamiento y campo de adiestramiento. El caso de los doce funcionarios investigados por omisiones en las indagatorias iniciales sigue su curso legal.
