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Chetumal, Quintana Roo – En un movimiento legislativo contundente, el estado de Quintana Roo ha endurecido las medidas contra aquellos padres que cometen delitos graves, como feminicidio, homicidio y delitos de carácter sexual. A partir de este viernes, las reformas al Código Civil y Penal han entrado en vigor, retirando automáticamente la patria potestad a los progenitores vinculados a procesos por estos delitos, independientemente de que hayan recibido una sentencia condenatoria.

Las reformas, que modifican los artículos 1018 bis y 1019 del Código Civil y los artículos 89 bis y 86 del Código Penal local, establecen que la simple vinculación a un proceso por delitos de índole sexual conlleva a la suspensión de los derechos sobre los hijos. Esto implica que los padres acusados no podrán ejercer derechos como la patria potestad, la tutela o la custodia, incluso antes de un juicio definitivo.

La gravedad de estas reformas se hace evidente en el artículo 89 bis del Código Penal, que no solo endurece las sanciones para los perpetradores de feminicidio, sino que también les priva de cualquier derecho sucesorio. En otras palabras, los agresores no podrán heredar bienes de sus víctimas, lo que representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad en crímenes de género.

La iniciativa fue promovida por la pasada legislatura del Congreso del Estado, que argumentó la necesidad de proteger el interés superior de los menores. Antes de estas reformas, la pérdida de la patria potestad requería una resolución judicial, lo que significaba que padres condenados podían retener derechos sobre sus hijos, incluidas visitas y herencias, incluso tras haber sido sentenciados.

La implementación de estas reformas responde a un contexto preocupante en Quintana Roo, donde se ha registrado un aumento en las alertas de género y agresiones dentro del hogar. La medida busca no solo sancionar a los infractores, sino también proteger a los menores de situaciones que comprometan su bienestar y seguridad, marcando un paso firme hacia la justicia en un estado que enfrenta retos significativos en la protección de los derechos de las mujeres y los niños.

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