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La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo ha revelado un déficit alarmante de 218 millones de pesos en las cuentas públicas de diversas dependencias, lo que ha generado un llamado urgente a la acción. En un informe presentado al Congreso Local, el auditor Miguel Zogby Cheluja Martínez destacó que los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, así como la Universidad Politécnica de Quintana Roo, son los principales responsables de esta situación, con montos pendientes de 174 millones, 9.2 millones y 9.6 millones de pesos, respectivamente.

Las dependencias tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación para subsanar las observaciones realizadas por la Auditoría. Zogby aclaró que, tras este período, la Auditoría dispone de hasta 120 días para analizar la solventación de los pendientes. Dependiendo de los resultados, las conclusiones podrían ser dirigidas hacia los órganos de control de los municipios, la contraloría, la Secretaría de Finanzas o incluso los tribunales y fiscalías.

Además de las cantidades mencionadas, el informe también incluye observaciones de otras instituciones, como la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo con 11.4 millones de pesos y el Instituto Electoral de Quintana Roo con 3.3 millones. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, el Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública también están implicados, sumando un total significativo de irregularidades en la administración pública.

Durante el año 2024, la Auditoría realizó 158 auditorías, de las cuales 101 fueron financieras, 36 de desempeño y 21 de inversiones físicas, abarcando un total de 67 mil 217 millones de pesos aplicados por el estado y sus municipios. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública en Quintana Roo.

La situación actual plantea serias interrogantes sobre la efectividad del control financiero en el estado y la capacidad de las instituciones para manejar recursos públicos de manera eficiente. La comunidad espera que las medidas correctivas sean implementadas de inmediato para restaurar la confianza en la administración pública y garantizar un uso adecuado de los fondos destinados al desarrollo y bienestar de la región.

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