El IMPI autoriza a la Sedena la explotación de productos de lujo y servicios financieros bajo la denominación maya mientras mantiene restricciones a consorcios privados
Por Agenda QR. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó al proyecto federal Tren Maya una serie de concesiones que trascienden la actividad ferroviaria. Esta decisión faculta a la sociedad mercantil administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para incursionar en mercados de lujo y servicios financieros con símbolos mayas. El movimiento legal reaviva la controversia sobre la gestión estatal de la identidad cultural, especialmente tras las sanciones impuestas a empresas del sector privado por prácticas similares.
Diversificación comercial y alcance de las concesiones de símbolos mayas
De acuerdo con los expedientes oficiales 3498367 y 3498476, la paraestatal aseguró desde el pasado 1 de abril de 2026 el uso de la marca “Tienda Tren Maya”. La vigencia de este derecho se extiende hasta el año 2036. El alcance de la concesión incluye la comercialización de cuero, pieles de animales, artículos de equipaje, paraguas y artículos de guarnicionería. Esta diversificación sugiere una estrategia de negocio que busca capitalizar la identidad regional más allá del transporte de pasajeros.
La Sedena también recibió luz verde para explotar el nicho de los metales preciosos. Según los expedientes 3498362 y 3498393, la marca podrá vender artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, así como instrumentos cronométricos. Esta expansión convierte al proyecto federal en un competidor directo en sectores comerciales de alta gama, operando bajo un esquema de propiedad estatal.
El giro hacia los servicios financieros e inmobiliarios con símbolos mayas
El registro de marca no se limita a bienes tangibles. El expediente 3498331 revela que la Sedena planea utilizar la denominación “Tren Maya” para ofrecer servicios bancarios, financieros, monetarios, de seguros e inmobiliarios. Esta estructura permite al proyecto federal gestionar su propio ecosistema económico, integrando la administración de tierras y capitales dentro de su esquema operativo.
Las solicitudes para estos registros iniciaron formalmente entre noviembre y diciembre de 2025. Con la resolución a favor del Estado, la paraestatal consolida una presencia dominante en el mercado regional, operando bajo un marco legal que le otorga exclusividad sobre términos vinculados directamente con el patrimonio arqueológico e histórico de la península.
Contraste jurídico y el debate sobre el patrimonio
La autorización a la Sedena genera un contraste significativo con las recientes resoluciones judiciales contra Grupo Xcaret. El consorcio privado fue sancionado con la prohibición definitiva del uso de símbolos patrimoniales del pueblo maya en sus parques y atracciones turísticas. La autoridad argumentó entonces la necesidad de proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas frente al lucro comercial privado.
Sin embargo, el otorgamiento de estas 24 denominaciones al gobierno federal plantea interrogantes sobre la uniformidad en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual y protección al patrimonio. Mientras el sector privado enfrenta restricciones estrictas por el uso de la iconografía mesoamericana, el Estado asegura una plataforma para explotar comercialmente los mismos conceptos bajo una administración militar.
