Por Agenda QR. Ciudad de México. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó recientemente que Gas Silza, subsidiaria de Grupo Tomza y propietaria de la unidad que protagonizó una explosión en Iztapalapa, afronta una serie de 32 expedientes de tipo administrativo. El director ejecutivo de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano, explicó que, de este cúmulo, dos casos específicos ya han generado una multa que supera los 160 millones de pesos; por consiguiente, las inspecciones se mantienen en curso, lo que deriva en la aplicación de sanciones económicas o cierres. Además, el funcionario aclaró que esos dos expedientes con sanciones financieras significativas se encuentran actualmente en el Poder Judicial Federal a la espera de una resolución definitiva, lo cual subraya la seriedad de los señalamientos en contra de la empresa dueña de pipa.
Sanciones por explosión de pipa-gas
La tragedia se desencadenó cuando una pipa de gas LP propiedad de Gas Silza explotó en el Puente de La Concordia el pasado 10 de septiembre, un evento que causó la muerte de 31 personas hasta la fecha, así como un número indeterminado de personas heridas. Esta lamentable situación ha intensificado el escrutinio sobre las prácticas operativas de la empresa dueña de pipa, en consecuencia, la autoridad reguladora ha hecho público el historial de incumplimientos de la filial de Tomza. Estos 32 expedientes representan un patrón preocupante de violaciones a la normatividad vigente, por lo tanto, la supervisión de estas compañías debe reforzarse continuamente.
Mientras tanto, en un esfuerzo por mejorar los estándares de seguridad, la Secretaría de Energía presentó este jueves las normativas que fueron enviadas al Diario Oficial de la Federación (DOF). Estos nuevos documentos buscan complementar los parámetros de seguridad que ya están vigentes para la adecuada transportación y distribución de gas LP en el país. Ocampo Zambrano enfatizó que el proceso de supervisión es continuo; asimismo, las clausuras y las multas se van ejecutando conforme se documentan los incumplimientos. El objetivo principal de las autoridades federales es garantizar que la empresa dueña de pipa cumpla rigurosamente con todos los protocolos de seguridad.
