El comunicador Ignacio Gómez Villaseñor recibió una segunda notificación de la plataforma tras un requerimiento oficial de la Agencia de Investigación Criminal sobre un reporte de filtración de datos.
Por Agenda QR. -El periodista Ignacio Gómez Villaseñor denunció públicamente un nuevo intento de censura por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de su cuenta verificada en la plataforma X (@ivillasenor), el comunicador informó que recibió un segundo correo electrónico de la empresa notificándole sobre una queja legal en su contra.
De acuerdo con la correspondencia enviada por la red social, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) remitió una comunicación oficial señalando que una publicación específica del periodista viola las leyes de México.


El origen de la controversia sobre datos personales
Gómez Villaseñor explicó que su reporte periodístico únicamente otorgó espacio a trabajadores del IMSS que denunciaron la filtración de sus datos personales. Según el comunicador, los empleados acudieron a él después de que las autoridades institucionales ignoraran sus reclamos internos.
Asimismo, el periodista enfatizó que expuso la vulnerabilidad informativa sin difundir ningún dato privado de los afectados. Pese a ello, cuestionó la insistencia de la Fiscalía por criminalizar su labor informativa mediante requerimientos ante plataformas digitales.
Postura de la plataforma ante requerimientos gubernamentales
En su aviso de transparencia, X precisó que, hasta el momento, no ha ejecutado ninguna sanción ni eliminado el contenido reportado por la dependencia mexicana. La compañía detalló que su política global consiste en alertar a los usuarios cuando entidades gubernamentales o instituciones legales solicitan retirar publicaciones.
Finalmente, la plataforma recomendó al periodista evaluar la solicitud oficial y considerar opciones de defensa, como buscar asesoría legal, refutar el requerimiento en tribunales o contactar organizaciones civiles. El caso reabre el debate sobre el uso de mecanismos legales estatales frente al ejercicio periodístico que documenta fallas en la protección de datos públicos.








