Operación Maremoto en Estados Unidos deja más de 120 tripulantes detenidos en Boston por una investigación de abuso sexual infantil.
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Más de 120 tripulantes de aproximadamente 25 cruceros fueron detenidos por autoridades federales en el puerto de Boston, Massachusetts, durante los últimos meses, como parte de la Operación Maremoto, una investigación relacionada con presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
El operativo, encabezado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), también se extendió a puertos de San Diego, California, y San Juan, Puerto Rico.
De acuerdo con información publicada por The Boston Globe el 22 de octubre, los procedimientos incluyeron interrogatorios y revisiones de teléfonos celulares. En numerosos casos, las autoridades revocaron los permisos que permitían a los tripulantes desembarcar temporalmente en Estados Unidos y tramitaron su salida del país.
Sin embargo, la mayoría de los afectados no enfrenta un proceso penal federal en Boston. Hasta el reporte periodístico citado, solo uno de los tripulantes detenidos en ese puerto había sido acusado formalmente ante un tribunal federal.
Operación Maremoto en Estados Unidos: el caso que llegó a tribunales
El caso corresponde a Bobby Prieto, ciudadano filipino de 35 años, quien fue detenido el 24 de septiembre de 2026, cuando el crucero Norwegian Jewel se preparaba para atracar en el puerto Flynn de Boston.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Prieto fue acusado de un cargo relacionado con el transporte de material de abuso sexual infantil. Tras comparecer ante un tribunal federal, quedó bajo custodia mientras avanzaba el procedimiento judicial.
La acusación se sustenta en hallazgos que las autoridades atribuyen a la revisión de sus dispositivos electrónicos. Como en cualquier proceso penal, las imputaciones deberán resolverse ante la justicia y no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria.
Encuentran más de mil 200 archivos en dos teléfonos
Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, agentes federales revisaron dos teléfonos celulares pertenecientes a Prieto y localizaron más de mil 200 archivos multimedia que presuntamente contenían material de abuso sexual infantil.
Los documentos también refieren declaraciones que el acusado habría realizado durante los interrogatorios. La investigación señala que las autoridades recibieron aproximadamente 75 reportes relacionados con él a través de la CyberTipline, una plataforma especializada en denuncias de posible explotación sexual infantil.
Esta línea de denuncia pertenece al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que recibe reportes del público y de empresas tecnológicas y los canaliza a las autoridades correspondientes.
Revisiones migratorias y deportaciones de tripulantes
La Operación Maremoto en Estados Unidos no se limitó al caso de Prieto. Las autoridades realizaron acciones administrativas contra decenas de trabajadores de cruceros, muchos de ellos ciudadanos filipinos.
Durante los procedimientos, los agentes entrevistaron a los tripulantes y revisaron sus dispositivos electrónicos. En diversos casos, la CBP revocó sus permisos de desembarque condicional y gestionó su salida de territorio estadounidense.
Las autoridades federales sostienen que la operación busca identificar a trabajadores presuntamente relacionados con la posesión, recepción o distribución de material de explotación sexual infantil. Para seleccionar a los tripulantes, los investigadores utilizaron información de reportes previos, incluidos los enviados a la CyberTipline.
De acuerdo con las declaraciones de un fiscal federal recogidas por The Boston Globe, las personas investigadas habían sido mencionadas en uno o más reportes anteriores. No obstante, el medio indicó que una proporción importante de los tripulantes expulsados no tenía ese tipo de material en sus dispositivos.
Surgen cuestionamientos en Filipinas
La operación también provocó críticas de activistas y funcionarios de Filipinas, país de origen de numerosos trabajadores detenidos. Algunos cuestionaron si los reportes previos bastaban para justificar las medidas migratorias y señalaron la necesidad de aclarar los criterios utilizados en cada caso.
Organizaciones laborales y defensoras de los derechos de los migrantes han advertido sobre las consecuencias de las deportaciones para los trabajadores, quienes pueden perder sus empleos y enfrentar restricciones para regresar a Estados Unidos.
Por su parte, las autoridades estadounidenses han defendido las acciones como parte de sus esfuerzos para combatir la explotación sexual infantil y hacer cumplir las leyes migratorias.
La diferencia entre las medidas administrativas y las acusaciones penales es relevante: la revocación de un permiso migratorio y la deportación no constituyen, por sí solas, una condena penal por los delitos investigados.
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