Entre los 55 señalados por la operacion electoral del cártel se encuentran diversos presidentes municipales y legisladores
Ciudad de México. La asociación civil Defensorxs presentó este mediodía una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un grupo de 55 actores políticos vinculados a una presunta operación electoral del cártel en Sinaloa. Los activistas Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga acudieron a las oficinas federales localizadas en la Colonia Doctores de la Ciudad de México para entregar la querella que señala delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Según los denunciantes, los hechos ocurrieron durante el proceso electoral del año 2021, cuando supuestamente se facilitó la intervención de grupos criminales para influir en los resultados de las urnas. Por consiguiente, la organización exige que las autoridades mexicanas inicien un juicio histórico contra quienes permitieron que estructuras delictivas operaran con total impunidad en diversos municipios de la entidad norteña.
Alcance de los señalamientos
El documento entregado a la autoridad ministerial incluye nombres de alta relevancia, destacando la presencia de 17 alcaldes pertenecientes al partido Morena, además de diversos legisladores y funcionarios estatales activos. Asimismo, la denuncia señala directamente al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien actualmente funge como embajador de México en España tras haber concluido su mandato en Sinaloa. Los integrantes de la organización no gubernamental sostienen que la designación diplomática del ex mandatario representó un premio por facilitar la operación electoral del cártel mediante el grupo conocido como La Chapiza. De esta forma, los activistas subrayan que el país no debe limitar sus procesos judiciales a los personajes que actualmente enfrentan tribunales en Estados Unidos, sino extender las investigaciones al ámbito doméstico.
Implicaciones y delitos electorales
La querella presentada abarca una serie de ilícitos que van desde violaciones a la normativa sanitaria hasta delitos específicamente electorales cometidos durante la jornada de votación de hace tres años. Meza afirmó que es imperativo enjuiciar a los denominados narcopolíticos que, independientemente de su filiación partidista, habrían pactado con organizaciones criminales para asegurar victorias políticas territoriales. Mientras tanto, la FGR deberá analizar los elementos de prueba aportados para determinar si existen bases suficientes que sustenten la acusación de esta presunta operación electoral del cártel en el estado sinaloense. Por lo tanto, la fiscalía federal tiene ahora la responsabilidad de investigar si las estructuras gubernamentales locales fueron utilizadas como herramientas para el blanqueo de capitales o para favorecer intereses de grupos dedicados al narcotráfico.
Exilio y justicia transnacional
Para los miembros de Defensorxs, la salida de Quirino Ordaz hacia Europa constituye una forma de exilio privilegiado que busca eludir las responsabilidades legales derivadas de su gestión estatal y de la cuestionada elección. Aseguran que la vinculación entre el poder político y el crimen organizado es un tema de seguridad nacional que requiere una respuesta contundente por parte de las instituciones de procuración de justicia. En consecuencia, el caso ha generado una fuerte expectativa mediática, ya que pone bajo la lupa la transparencia de los comicios intermedios y la integridad de los actuales representantes populares en Sinaloa. Así, la investigación sobre la operación electoral del cártel se perfila como un desafío mayor para la administración actual en su lucha declarada contra la corrupción y la complicidad estatal con el crimen.
