La Nación Tohono O’odham rechaza el muro fronterizo entre Arizona y México por afectar territorios sagrados y patrimonio ancestral
Arizona, EUA. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó la reanudación de los trabajos para edificar un tramo de aproximadamente 100 kilómetros de muro fronterizo entre Arizona y México, a pesar de la firme oposición de la Nación Tohono O’odham. El comisionado Rodney Scott detalló que el proyecto denominado “Tucson 5” busca cerrar un corredor estratégico de contrabando y tráfico de drogas en una región desértica muy utilizada por redes criminales. Por consiguiente, esta decisión federal avanza luego de que un juez federal en California desestimara una solicitud de amparo promovida por la comunidad indígena para frenar temporalmente la obra en su territorio.
Reclamos comunitarios y disputa legal
La autoridad judicial resolvió que la tribu local no logró comprobar una reducción ilegal de su reserva ni una invasión de facultades por parte del gobierno federal en la demanda interpuesta el pasado mes de junio. Sin embargo, la comunidad afectada mantiene su rechazo categórico debido a que la infraestructura atraviesa terrenos ancestrales y sitios considerados sagrados para su patrimonio cultural. En respuesta a esta situación, la congresista demócrata Adelita S. Grijalva y otros tres legisladores federales solicitaron formalmente a los departamentos de Seguridad Nacional y del Interior la suspensión inmediata de las faenas de construcción.
Alternativas de seguridad fronteriza
Los representantes populares argumentaron que la administración central omitió realizar un proceso de consulta suficiente y adecuada con los habitantes originarios antes de autorizar el proyecto en la zona. Asimismo, el bloque legislativo cuestionó el destino de los fondos públicos para levantar barreras secundarias, sugiriendo enfocar los esfuerzos en la modernización y el fortalecimiento operativo de los puertos de entrada oficiales. De esta manera, mientras las agencias de seguridad estadounidenses defienden el despliegue físico como un mecanismo indispensable contra los cárteles, los sectores inconformes exigen alternativas de vigilancia que respeten los derechos territoriales y culturales de la región.
