Autoridades acusan a tres mexicanos por un fraude al IRS de 74 millones de dólares mediante el robo de identidades ITIN.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta. Las autoridades acusan directamente a Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón de operar un millonario fraude al IRS. A los tres implicados se les señala por presunto fraude postal y electrónico, además de conspiración para cometer lavado de dinero en territorio estadounidense.
El origen del esquema fiscal en Atlanta
Según los documentos judiciales presentados por la fiscalía federal, este entramado ilícito operó de manera continua desde 2019 hasta la fecha actual. Los imputados obtenían de forma sistemática documentos de identificación mexicanos a nombre de terceras personas. Posteriormente, utilizaban dicha documentación oficial para tramitar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ante la agencia tributaria.
Como es sabido, el gobierno asigna estos números especiales a personas que deben presentar declaraciones fiscales federales, pero no cuentan con un número de Seguro Social ni son elegibles para obtenerlo. En consecuencia, este mecanismo formal sirvió como la herramienta principal para estructurar la maniobra financiera.
Cómo operaba el fraude al IRS mediante los ITIN
De acuerdo con las investigaciones oficiales, los acusados utilizaron de manera indebida las identidades de ciudadanos mexicanos para solicitar reembolsos que no correspondían a la realidad. En primer lugar, presentaban las declaraciones tributarias fraudulentas utilizando la información obtenida. Por lo tanto, lograban que el Tesoro de Estados Unidos emitiera miles de cheques de reembolso a nombre de las víctimas.
Las autoridades antifraude sostienen que los implicados lograron cobrar más de 16 mil cheques emitidos de forma irregular. Por esta razón, el monto total del desfalco superó los 74 millones de dólares. La operación de cobro se realizaba mediante un establecimiento comercial dedicado específicamente al cambio de cheques en el área de Atlanta.
Gravedad de los cargos y severas penas posibles
Por consiguiente, la investigación atribuye a los tres procesados su presunta participación directa en las operaciones para obtener y liquidar los fondos públicos. De ser declarados culpables en el juicio, los acusados podrían enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos. Estos delitos incluyen conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
Asimismo, Gustavo Rojano Salazar y Gabriel Rojano Salazar enfrentan acusaciones adicionales relativas a falsedades vertidas en formularios migratorios. En este sentido, dichas violaciones adicionales podrían sumar penas de hasta 15 años de prisión por cada cargo.
