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Una alarmante serie de intoxicaciones ha afectado a más de 120 estudiantes en Perú, generando preocupación entre padres y autoridades sobre la seguridad alimentaria en las escuelas. El incidente más reciente ocurrió en el colegio Elvira Castro de Quirós, en la región de Piura, donde cerca de 80 alumnos presentaron síntomas como ronchas, picazón y dolor estomacal tras consumir alimentos del programa social Wasi Mikuna, implementado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Los menores fueron trasladados inicialmente a la posta de Pachitea para recibir atención médica, pero la escasez de insumos médicos obligó a varios a ser derivados a otros hospitales. Según el colectivo Norte Sostenible, la posta no contaba con suero fisiológico suficiente, lo que complicó aún más la atención. Este hecho resalta la falta de recursos en el sistema de salud local y la ineficacia en la gestión de crisis alimentarias.

El director del plantel, Ricardo Córdova Calle, explicó que los estudiantes consumieron conserva de pescado de la marca Karpez, distribuida como parte del programa estatal. Ante la gravedad de la situación, se tomó la decisión de suspender la entrega de estos productos en la escuela, aunque las preocupaciones no se limitan a un solo incidente. En días recientes, otros casos de intoxicación también se han registrado en Áncash, Lima y Amazonas, afectando a un total de 120 escolares en menos de una semana.

La directora del programa, Nadya Villavicencio, afirmó que se están llevando a cabo evaluaciones junto a Digesa para determinar el origen del problema. Sin embargo, la desconfianza de los padres se ha intensificado, recordando denuncias previas sobre alimentos en mal estado. Este contexto ha llevado a la comunidad educativa a exigir respuestas rápidas y medidas efectivas para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes.

Mientras las autoridades trabajan para esclarecer la situación, la crisis alimentaria en las escuelas plantea serias interrogantes sobre la calidad de los productos distribuidos y la responsabilidad del gobierno en la protección de la salud de los menores. La comunidad espera que se implementen cambios significativos para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.

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