El asesor jurídico Roberto Gil Zuarth exhibe el escrito legal entregado ante las autoridades federales de investigación
Ciudad de México. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la capital del país. La mandataria estatal del Partido Acción Nacional se presentó para atender un citatorio entregado el pasado sábado 23 de mayo, relacionado con la supuesta presencia de agentes de la CIA en territorio norteño. La indagatoria ministerial surge tras el fallecimiento de dos elementos estadounidenses en un percance vehicular posterior, lo que despertó sospechas sobre operaciones de campo ejecutadas sin conocimiento del Gobierno federal.
Mitin y reclamos políticos
Acompañada por el asesor jurídico Roberto Gil Zuarth y liderazgos panistas como Ricardo Anaya y Jorge Romero, la funcionaria transformó la diligencia en un acto de protesta pública. En lugar de rendir declaración testimonial ante los investigadores, la gobernadora chihuahuense optó por emitir un enérgico discurso frente a la sede judicial. Durante su pronunciamiento, la titular del ejecutivo estatal denunció una persecución política instrumentada por el aparato del Estado, acusando a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de autoritarismo.
Argumentación y defensa legal
El equipo de defensores de la gobernadora optó por no efectuar la comparecencia presencial ante los agentes del Ministerio Público de la Federación. En su lugar, los litigantes entregaron un documento formal donde sostienen que una gobernadora en funciones cuenta con fuero constitucional intacto; por lo tanto, no puede ser constreñida a declarar de forma presencial. Roberto Gil Zuarth enfatizó que el requerimiento carecía de formalidades mínimas, al omitir la carpeta de investigación respectiva y los hechos específicos que se pretendían indagar.
Acusaciones de persecución institucional
La defensa legal calificó la estrategia de la representación social como una maniobra inconstitucional que pretendía colocar a la mandataria en una posición preimputativa. Por su parte, Campos Galván acusó al partido oficialista de instrumentalizar las instituciones de procuración de justicia para intentar fabricarle un expediente delictivo infundado. La panista argumentó que estas acciones buscan opacar los resultados de su gestión local, sugiriendo que las autoridades federales intentan desviar la atención pública de sus propias crisis y supuestos vínculos con células del crimen organizado, operando sin conocimiento del Gobierno local.
