Lysette Lameiro preside el IAP de Chiapas y conserva participación en The Woods Bar, sancionado por Estados Unidos en septiembre de 2026.
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Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), mantiene una participación accionaria en The Woods Bar, empresa incluida en las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.
La empresaria asumió la presidencia del organismo en diciembre de 2024, por designación del entonces gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. El instituto mantiene convenios con dependencias estatales y ayuntamientos para capacitar y profesionalizar a servidores públicos.
Una revisión documental de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en registros del Registro Público de Comercio, identificó la participación de Lameiro en The Woods Bar desde la constitución de la empresa, en noviembre de 2020, y su permanencia como accionista hasta diciembre de 2025.
La relación empresarial adquiere relevancia porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la compañía el 29 de septiembre de 2026. La autoridad estadounidense también incluyó a Luis Alfonso Torres Torres, socio mayoritario de la firma, a quien señala por presuntamente recibir sobornos y lavar recursos ilícitos.
Lysette Lameiro conservó acciones de The Woods Bar
Los documentos corporativos consultados por MCCI muestran que, cuando se constituyó The Woods Bar en noviembre de 2020, Lysette Lameiro aportó 13 por ciento del capital social, mientras su hermano Juan Manuel participó con 7 por ciento.
En ese momento, Luis Alfonso Torres tenía 40 por ciento de las acciones y otros dos socios concentraban el resto del capital.
La composición accionaria cambió el 9 de diciembre de 2025, cuando una asamblea documentó la salida de un socio y la venta de su participación a Torres. Después de esa operación, el empresario concentró 70 por ciento de la compañía, mientras los hermanos Lameiro conservaron en conjunto 20 por ciento.
Para entonces, Lysette Lameiro llevaba aproximadamente un año al frente del IAP de Chiapas.
La documentación corporativa permite establecer la participación accionaria en las fechas señaladas. Sin embargo, para precisar si la empresaria mantiene actualmente esa participación después de diciembre de 2025, sería necesario verificar los registros societarios más recientes.
Eduardo Ramírez la designó al frente del IAP
Aunque el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas es una asociación civil, mantiene relaciones institucionales con el gobierno estatal y distintos ayuntamientos.
Entre sus funciones se encuentran la capacitación continua, la profesionalización de servidores públicos y la impartición de programas académicos especializados en administración pública.
En 2024, cuando todavía era gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar anunció una serie de nombramientos para su administración y presentó a Lameiro como responsable del instituto.
La relación institucional continuó después de su llegada al cargo. En enero de 2025, el IAP informó que su presidenta se reunió con el auditor superior del estado por encomienda del gobernador para acordar acciones relacionadas con fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
MCCI también documentó, mediante publicaciones y fotografías, encuentros y coincidencias previas entre Lameiro y Ramírez durante campañas y actos públicos.
Convenios con dependencias y capacitación municipal
El 21 de enero de 2025, poco más de un mes después de que Lameiro asumiera la presidencia del IAP, el instituto firmó un convenio general con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género de Chiapas.
En ese documento, la funcionaria aparece como presidenta del Consejo Directivo y representante legal del organismo.
El convenio no establece por sí mismo una cantidad específica de recursos que deba recibir el instituto. No obstante, contempla acuerdos particulares que pueden precisar el origen y destino de los recursos, así como la capacidad financiera o presupuestaria de las instituciones participantes.
El alcance de las actividades del IAP incluye a los gobiernos municipales. Durante 2025, la institución reportó el cierre de 27 cursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), con mil 143 funcionarios capacitados.
Los contenidos incluyeron procesos de licitación, administración responsable de recursos, eficiencia financiera, adquisiciones, contratación de bienes y servicios, transparencia y comprobación del gasto público.
Además, el organismo ofrece cursos, certificaciones, diplomados, maestrías y doctorados, así como talleres, seminarios, conferencias y asesorías para servidores públicos.
Estados Unidos sancionó a The Woods Bar y a Luis Alfonso Torres
El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra The Woods Bar y otras empresas mexicanas por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Según la OFAC, las compañías sancionadas eran propiedad de Luis Alfonso Torres, estaban bajo su control o dirección, o actuaban directa o indirectamente en su nombre.
El Departamento del Tesoro ubica a Luis Alfonso Torres y a su hermano Carlos Alberto Torres Torres dentro de una presunta red de corrupción relacionada con el grupo criminal.
Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es señalado por las autoridades estadounidenses de utilizar su influencia política para facilitar actividades delictivas y protegerlas de la intervención de las autoridades en esa entidad.
A Luis Alfonso Torres, por su parte, el Tesoro le atribuye presuntamente recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
Estas imputaciones corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses y deben presentarse como tales, sin asumir que equivalen por sí mismas a una sentencia penal.
En The Woods Bar también participa José Luis Portillo Reyes, funcionario municipal de Tijuana. Un acta de asamblea del 1 de enero de 2025 lo identifica como gerente administrativo y le otorga facultades relacionadas con la operación financiera de la empresa, incluida la apertura y manejo de cuentas bancarias, la solicitud de créditos y la firma de pagarés.
Lysette Lameiro y Luis Alfonso Torres coincidieron en otras sociedades
La relación empresarial entre Lameiro y Torres también aparece en documentos de otras compañías.
En abril de 2021, ambos participaron en la constitución de Desarrolladora Plaza Revolución, sociedad creada en Tijuana para desarrollar actividades turísticas e inmobiliarias, entre ellas la operación de hoteles, moteles, restaurantes y bares.
En esa empresa, Torres aportó 20 por ciento del capital y Lameiro, 10 por ciento. Otros integrantes de la familia Lameiro también participaron en la sociedad.
Además de su participación accionaria, el acta constitutiva designó a Lameiro como gerente de la desarrolladora.
Otra coincidencia empresarial se registró en junio de 2024, cuando Lameiro apareció como accionista mayoritaria y administradora única de Desarrolladora El Sombrero, dedicada al sector inmobiliario. En esa compañía también figura Jorge Alfredo Torres Torres, hermano de Luis Alfonso.
Los vínculos empresariales se extienden a Vida Orgánica Tijuana
Los registros mercantiles también muestran que Juan Manuel Lameiro Camacho compartió la sociedad Vida Orgánica Tijuana con Luis Alfonso Torres, Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La compañía figura entre las cinco empresas mexicanas incluidas en las sanciones anunciadas por la OFAC el 29 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas empresas estaban vinculadas con Luis Alfonso Torres mediante propiedad, control, dirección o actuación en su nombre.
Juan Manuel Lameiro es, además, hermano de Lysette Lameiro y socio de ella en The Woods Bar.
La información documental expone una red de coincidencias empresariales entre integrantes de las familias Lameiro y Torres, mientras Lysette Lameiro ocupa la presidencia de una institución dedicada a capacitar a funcionarios públicos de Chiapas.
La revisión de los registros societarios, los convenios institucionales y las sanciones estadounidenses permite identificar esas relaciones. Sin embargo, cualquier posible conflicto de interés, responsabilidad administrativa o consecuencia legal para la presidenta del IAP tendría que establecerse mediante información oficial y los procedimientos correspondientes.
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