Lydia Cacho exige 12 años de prisión para Mario Marín y una disculpa pública por la tortura denunciada en 2005.
Por Javier Vite
A casi 21 años de persecución, impunidad y lucha legal, la periodista y activista Lydia Cacho y el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se vieron las caras por primera vez en una audiencia judicial virtual.
En la diligencia, presidida de forma virtual por la jueza Cuarta de Distrito con sede en Quintana Roo, María José Pech Sáenz, Cacho exigió una condena de 12 años de prisión y una disculpa pública para ella y para la sociedad poblana.
Con la voz entrecortada pero firme, la autora de Los Demonios del Edén increpó directamente al exmandatario —quien enfrenta el proceso penal desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano— por los abusos sufridos tras su detención ilegal en diciembre de 2005.
Confrontación con presunto agresor
“Llevo 21 años enfrentándolo a usted y a todos los poderosos que defienden y protegen la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas en mi país. Usted es responsable de haberme torturado. Los policías hablaban de usted y de las órdenes que les iba dando por teléfono”, reclamó la periodista de frente a la pantalla.
La audiencia de vista marca la recta final del juicio por el delito de tortura, derivado de la publicación del libro en el que Cacho documentó una red de explotación sexual infantil que involucraba a empresarios y políticos de alto nivel, entre ellos Kamel Nacif Borge.
Durante el debate judicial, la defensa y la representación de la FGR recordaron las grabaciones telefónicas donde Marín presumía haberle dado un “coscorrón” a la periodista a manera de castigo por su labor de investigación.
Al respecto, la abogada defensora Araceli Andrade Tolama argumentó que exigir un oficio firmado con la orden explícita de torturar sería absurdo, dado que las pruebas circunstanciales y los audios públicos nunca fueron desvirtuados legalmente por el imputado a lo largo de dos décadas.
Por su parte, la defensa de Mario Marín argumentó que no existen pruebas fehacientes que lo vinculen directamente con los agravios cometidos durante el traslado de la periodista desde Cancún hasta Puebla.
Próxima sentencia
Tras escuchar los alegatos finales de ambas partes y revisar un expediente conformado por 66 tomos, la jueza María José Pech Sáenz indicó que analizará minuciosamente las pruebas y los argumentos antes de emitir un fallo definitivo.
El plazo legal abierto otorga un periodo de hasta 60 días naturales (o a la brevedad conforme a la carga de trabajo del juzgado) para que el Poder Judicial emita una sentencia histórica que podría marcar un precedente en la protección de la libertad de expresión y el combate a la impunidad del poder político en México.
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