Pide licencia Dámaso Castro como vicefiscal de Sinaloa para atender el proceso derivado de las acusaciones emitidas desde Washington
Culiacán, Sinaloa. La estructura de procuración de justicia en el estado ha sufrido una nueva sacudida este 5 de mayo, luego de que pide licencia Dámaso Castro a su responsabilidad como vicefiscal general de Sinaloa. La determinación se hizo pública mediante un comunicado oficial emitido por la fiscalía estatal, en el cual se detalla que el funcionario optó por separarse temporalmente de su cargo. Esta decisión ocurre en un contexto de extrema presión diplomática, toda vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió acusaciones que vinculan al servidor público con grupos de la delincuencia organizada. Según el reporte de la institución, la solicitud se fundamentó en los lineamientos de la Constitución Política de México y la Ley Orgánica local para garantizar la legalidad del proceso administrativo.
Contexto de la remoción temporal
Días antes de este anuncio, la titular de la Fiscalía General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había manifestado ante los medios de comunicación su intención de facilitar esta salida. De acuerdo con la funcionaria, la separación del cargo busca evitar cualquier tipo de obstaculización en las indagatorias que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera iniciar a raíz de las evidencias presentadas por el gobierno norteamericano. En consecuencia, la medida pretende salvaguardar la integridad de la institución y permitir que el vicefiscal enfrente las imputaciones correspondientes sin el amparo de su posición actual. Por consiguiente, la administración estatal reafirma su disposición para colaborar con las autoridades federales en el esclarecimiento de estos graves señalamientos de corrupción y vínculos criminales.
Con esta acción, se confirma que un tercer actor político de alto nivel en la entidad se aparta de la vida pública bajo presión externa. El panorama institucional se ha visto fragmentado recientemente, puesto que pide licencia Dámaso Castro sumándose a las salidas previas de Rubén Rocha Moya, quien fungía como gobernador, y de Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán. Estos movimientos reflejan la crisis de gobernabilidad desatada por las acusaciones de las agencias de inteligencia extranjeras contra la cúpula sinaloense. Por lo tanto, el gabinete de seguridad nacional mantiene una vigilancia estrecha sobre los relevos en el Sinaloa actual, buscando restaurar la confianza ciudadana en medio de una serie de dimisiones que han transformado el mapa político regional.
Impacto en la administración estatal
Mientras tanto, la gestión de los asuntos públicos ha quedado en manos de liderazgos interinos para asegurar la continuidad de los servicios y la estabilidad social. Actualmente, la gubernatura es encabezada de forma provisional por Yeraldine Bonilla Valverde, mientras que en la capital, Ana Miriam Ramos Villarreal ha asumido las funciones de la presidencia municipal. A pesar de estos nombramientos, todavía no se ha revelado el nombre del profesional que ocupará la silla vacante en la vicefiscalía de Sinaloa. Asimismo, la sociedad civil ha demandado transparencia absoluta en el proceso de selección, exigiendo que el nuevo perfil carezca de nexos con las estructuras que hoy se encuentran bajo la lupa de la justicia internacional.
La salida del funcionario se formalizó siguiendo estrictamente los protocolos de la Constitución Local, permitiendo que las investigaciones sigan su curso natural. De esta forma, el sistema judicial intenta demostrar que nadie está por encima de la ley, especialmente cuando existen señalamientos que comprometen la seguridad nacional y la relación bilateral con el país vecino. En consecuencia, mientras el ahora exvicefiscal prepara su defensa legal, las instituciones deben redoblar esfuerzos para evitar que la operatividad de la justicia se detenga. Es imperativo que el estado recupere su estabilidad institucional, toda vez que pide licencia Dámaso Castro en un momento donde la transparencia es la única herramienta para combatir el estigma de la infiltración delictiva en los organismos autónomos del Sinaloa contemporáneo.
