La acusación del Departamento de Justicia contra el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra queda en manos de autoridades federales mexicanas
Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió un pronunciamiento oficial tras las acusaciones vertidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra altos mandos de su estructura institucional. El organismo autónomo señaló que cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos criminales en la administración estatal deberá ser evaluado estrictamente por la Fiscalía General de la República bajo el marco de la legalidad mexicana. Por consiguiente, la institución subrayó que las imputaciones extranjeras requieren de un sustento probatorio sólido para tener validez dentro del sistema judicial de nuestro país. Asimismo, la dependencia evitó profundizar en la naturaleza de los cargos, limitándose a reiterar su apego irrestricto a los principios constitucionales que rigen la procuración de justicia en el territorio nacional.
El vicefiscal bajo investigación
Dentro del pliego acusatorio presentado en territorio estadounidense figura el nombre de Dámaso Castro Saavedra, quien se desempeña actualmente como vicefiscal de la entidad sinaloense. El funcionario se encuentra entre los diez individuos señalados por las autoridades norteamericanas de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa en tareas de narcotráfico y tráfico de armamento. De esta forma, la acusación del Departamento de Justicia sostiene que el vicefiscal, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, habrían facilitado el trasiego de sustancias ilícitas mediante el intercambio de información estratégica. No obstante, la fiscalía local insistió en que no se puede considerar a ningún servidor público como responsable de delitos sin que exista una resolución definitiva por parte de un juez competente.
Presunción de inocencia y soberanía
La institución estatal hizo un llamado a respetar el principio de presunción de inocencia, pilar fundamental del derecho mexicano que garantiza que todo ciudadano sea tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, la comunicación oficial enfatiza que la FGR será la única instancia facultada para determinar si los elementos aportados por las agencias externas poseen la contundencia necesaria para iniciar un proceso penal. Según la narrativa de las cortes de Nueva York, la acusación del Departamento de Justicia se fundamenta en una supuesta red de sobornos millonarios que permitía la protección de operaciones delictivas transnacionales. Por lo tanto, el escenario jurídico actual plantea un desafío diplomático sobre cómo se validarán estas evidencias sin vulnerar los derechos procesales de los acusados en México.
Postura institucional ante el conflicto
El comunicado emitido por la fiscalía sinaloense busca proyectar una postura de neutralidad y respeto a las jerarquías de justicia federal, evitando entrar en confrontaciones directas con los reportes internacionales. En consecuencia, la resolución de este caso dependerá de la capacidad de respuesta de la federación ante la acusación del Departamento de Justicia, la cual ha generado una fuerte sacudida en el panorama político de la región. De esta manera, el gobierno de Sinaloa permanece bajo el escrutinio público mientras se espera que fluyan las pruebas documentales que den claridad a los graves cargos de corrupción y asociación delictuosa. La justicia mexicana, por su parte, deberá equilibrar la cooperación con el país vecino y el cumplimiento riguroso de las leyes que protegen la soberanía y la integridad de sus propios funcionarios.
