La Ley General de Aguas busca recuperar la rectoría del Estado en la gestión del recurso hídrico. La nueva ley impone multas millonarias por el cambio de uso o la transferencia ilegal de concesiones de agua
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor y 131 en contra, la Ley General de Aguas, una reforma de gran calado que redefine la gestión del vital líquido en el país. Esta nueva legislación apuesta por recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico, frenar su acaparamiento y, fundamentalmente, garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Según el dictamen que presentó Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la ley establece que el agua dejará de considerarse una mercancía. Además, será reconocida formalmente como un bien estratégico para la nación. Por consiguiente, el Estado será la única autoridad facultada para el otorgamiento de concesiones, lo que elimina de tajo la compra, la venta o la transferencia de títulos entre particulares. Las autoridades sostienen que estas prácticas favorecieron la concentración de derechos desde el año 1992.
Nuevas herramientas y sanciones
La reforma también contempla la creación del Registro Público de Agua Nacional y, además, establece un Fondo de Reserva de Aguas destinado a comunidades que actualmente carecen de acceso al recurso. La Ley General de Aguas autoriza la cancelación de aquellas concesiones que se encuentren acaparadas o que no se utilicen. Adicionalmente, se endurecen las sanciones contra el robo de agua y se imponen regulaciones a las obras privadas de captación pluvial que se ha demostrado que alteran los ciclos hidrológicos naturales.
La nueva normativa impone una multa que va desde los 2,160 (244,382 pesos) hasta los 30,000 (3,394,200 pesos) Unidades de Medida y Actualización (con valor de 113.14 pesos cada una). Esta sanción aplica a quien altere el uso del agua para el cual fue concesionada originalmente, así como a quien transfiera los títulos de concesión o los permisos sin la debida autorización. Por otro lado, productores agrícolas, principalmente de la zona norte del país, han manifestado su preocupación. Advierten que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera gran incertidumbre. Esto, dado que el acceso al agua forma parte intrínseca del valor de sus tierras.
