La difusión de una fotografía que muestra al juzgador José Luis Jonathan Yong Mendoza con un arma frente a una mujer desata una crisis de credibilidad en el Poder Judicial de Quintana Roo.

Por Agenda QR.- El sistema judicial de Quintana Roo enfrenta una crisis de legitimidad. Una fotografía reciente implica a José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de Control penal, en un acto de violencia de género. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Palmaris de Cancún. Ahora, diversas organizaciones civiles exigen su cese inmediato. Cabe destacar que el funcionario apenas asumió el cargo en septiembre pasado tras la reciente elección judicial.

Detalles de la agresión en el entorno privado de José Luis Jonathan Yong Mendoza

El incidente sucedió el pasado 23 de diciembre. Varios vecinos del complejo habitacional reportaron una disputa violenta a las autoridades. La imagen que circula en redes sociales muestra a Yong Mendoza de pie y con un arma de fuego en la mano. Frente a él, una mujer —identificada como su pareja— yace en el suelo en actitud defensiva.

La situación escaló cuando el juzgador presuntamente amenazó de muerte a un expolicía. Este último intentó intervenir tras escuchar los llamados de auxilio. A pesar de la evidencia y los testimonios, las instituciones han mantenido un silencio absoluto. Esta falta de respuesta oficial indigna a los grupos que defienden los derechos de las mujeres en la entidad.

Un historial público marcado por la controversia

La carrera de Yong Mendoza en el municipio de Benito Juárez no ha estado libre de escándalos. En 2016, fungió como secretario de Seguridad Pública bajo el mando de Remberto Estrada Barba. Sin embargo, el gobierno lo removió en 2017 por su falta de resultados. Tras su salida, la administración lo reubicó como director de Catastro de forma casi inmediata.

La Colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo recordó otros antecedentes graves. El juez enfrentó investigaciones previas por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Estas acusaciones no frenaron su postulación en las elecciones judiciales de 2025. Hoy, su caso pone a prueba el nuevo sistema que prometía garantizar la honorabilidad de los jueces.

La presión civil: “Ningún agresor en el poder”

Las activistas locales mantienen una postura firme y unánime. La Colectiva 50+1 y el Colectivo Femenil Xtabay exigen al Congreso local y al Poder Judicial la destitución de Yong Mendoza. Bajo el lema “Ningún agresor en el poder”, señalan que un juez con este perfil es un peligro para las víctimas. Su permanencia en el cargo vulnera la seguridad de quienes buscan justicia.

Además de la baja definitiva, las organizaciones piden una indagatoria transparente. Demandan protección real para la víctima y para los testigos que denunciaron los hechos en Palmaris. Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni el Tribunal Superior de Justicia han emitido declaraciones. Para las colectivas, este silencio evidencia la persistencia de pactos de impunidad.