La investigación para Tejiendo Redes Infancia advierte que la falta de registros relacionales en el Estado vulnera derechos y sobrecarga los cuidados familiares.
Por Agenda QR. -En un informe temático elaborado por el especialista Juan Martín Pérez García para Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina, se dio a conocer un escenario exploratorio que estima en cerca de 165 mil las hijas e hijos potencialmente vinculados con personas desaparecidas o no localizadas en México. Con base en 103,176 registros de personas de entre 15 y 49 años inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) a agosto de 2026, el autor evidencia que el Estado carece de herramientas para relacionar a las víctimas directas con sus dependientes, dejando a las infancias y adolescencias en una condición de invisibilidad institucional.
Por consiguiente, Pérez García subraya que la ausencia de información relacional imposibilita la activación temprana de medidas de protección social, salud mental, continuidad educativa y asesoría jurídica, transfiriendo de manera desproporcionada las tareas económicas y de cuidado hacia madres, abuelas y hermanas.
Base estadística y distribución demográfica de los registros
El modelo exploratorio desarrollado por el investigador empleó la tasa de fecundidad de 1.60 hijas e hijos reportada en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2023) del INEGI sobre el total de 103,176 personas analizadas. En dicho universo, 82,758 registros corresponden a hombres (80.21 %), 20,249 a mujeres (19.63 %) y 169 a estatus indeterminado (0.16 %). Además, el 50.84 % (52,457 casos) se concentra en el rango de 15 a 29 años, incluyendo a 9,122 adolescentes de 15 a 17 años en calidad de víctimas directas.
Al contrastar el corte de agosto de 2026 frente a los registros de enero de 2025 (91,272 personas), se identificó un incremento del 13.04 %, equivalente a 11,904 registros adicionales en la plataforma oficial. La concentración territorial revela que diez estados reúnen el 67.69 % de las desapariciones (69,842 personas), encabezados por Tamaulipas con 11,327; Jalisco con 10,947; Estado de México con 9,202; Michoacán con 6,758; Sinaloa con 6,329; Nuevo León con 6,034; Veracruz con 5,545; Guanajuato con 4,926; Sonora con 4,802 y Baja California con 3,972 casos.
Desafíos de coordinación institucional e impacto internacional
El informe documenta la falta de articulación entre el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), derivada de una fragmentación administrativa que obliga a las familias a acreditar su parentesco ante múltiples ventanillas. Esta dinámica contraviene las garantías establecidas en el artículo 4º constitucional y los estándares de derechos humanos.
En el contexto internacional, el análisis cobra relevancia tras la decisión adoptada el 19 de marzo de 2026 por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, remitiendo la situación de México a la Asamblea General. Ante ello, el estudio concluye que las autoridades mexicanas deben superar las controversias jurídicas para establecer un protocolo nacional protegido que asegure presupuesto, apoyo psicosocial e interlocución directa para las hijas e hijos de las víctimas.
