Auditoría revela pagos millonarios a beneficiarios no validados y tarjetas activadas sin entregar en las Becas Benito Juárez.

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El gobierno federal erogó un total de 592.3 millones de pesos destinados al pago de becas para 67 mil 142 beneficiarios cuyos datos personales obtuvieron un resultado negativo al ser contrastados con el Registro Nacional de Población. Este dato forma parte de los hallazgos reportados en la fiscalización realizada a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La revisión abarcó diversos niveles educativos e incluyó componentes clave como la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, el programa de educación media superior y el esquema Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Anomalías en la entrega y activación de tarjetas bancarias

Además de los pagos observados, la auditoría reveló anomalías operativas graves por parte del Banco del Bienestar durante el ejercicio correspondiente. Durante el periodo evaluado, la institución bancaria omitió la entrega de 95 mil 960 plásticos a los derechohabientes correspondientes; sin embargo, las bases de datos institucionales reportaron que 94 mil 251 de esas tarjetas figuraban como activas. Esta situación contraviene de manera directa las disposiciones normativas vigentes, las cuales estipulan que los medios de pago deben activarse exclusivamente tras su recepción física y en un plazo máximo de tres días hábiles. Como resultado de esta falla operativa, mil 78 cuentas asociadas a plásticos no entregados se mantuvieron operativas y recibieron recursos públicos por un monto acumulado de 8.6 millones de pesos.

Inconsistencias en el padrón de escuelas e instituciones

El análisis oficial también documentó discrepancias significativas en el Padrón de Escuelas de Referencia utilizado para la focalización de los apoyos. Dentro de los registros auditados se identificaron mil 842 claves de centros de trabajo que carecen de registro oficial en la Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente, el informe detalla que 6 mil 500 planteles educativos incluidos en la operación no cumplían con los criterios establecidos de priorización territorial y social. En el caso específico de educación básica, se detectó que mil 376 beneficiarios inscritos en escuelas no prioritarias recibieron dispersiones económicas que ascendieron a los 8.5 millones de pesos.

Acciones preventivas y medidas correctivas implementadas

Como parte de su enfoque preventivo y correctivo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la instrumentación de diversas acciones orientadas a solventar las irregularidades detectadas. Entre las medidas adoptadas destacan la corrección formal de 78 expedientes bancarios, la impartición de capacitación especializada para evitar errores recurrentes en la integración de documentos y la actualización integral del sistema automatizado encargado de la dispersión de apoyos económicos. Asimismo, las instancias fiscalizadoras establecieron mecanismos de control adicionales para generar evidencia sobre el envío de archivos de dispersión y dar seguimiento oportuno a las quejas ciudadanas.

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