Autoridades de Estados Unidos cancelaron los documentos migratorios de la edil y de familiares directos
Cancún, QR. La presidenta municipal de Benito Juárez en Quintana Roo, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, enfrenta diversas indagatorias ministeriales encabezadas por la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de recursos públicos, operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal y supuestos contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. De manera paralela, fuentes con conocimiento del caso confirmaron que el gobierno de Estados Unidos determinó retirar la visa a la alcaldesa, a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas las razones específicas de dicha medida migratoria.
Indagatorias por recursos públicos y aduanas
Las líneas de investigación federales analizan si recursos humanos, financieros y estructuras del municipio de Benito Juárez fueron utilizados para beneficiar políticamente las aspiraciones de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo de cara al proceso electoral de 2027. Las pesquisas de la fiscalía buscan establecer el origen y destino de los fondos, así como la posible participación de funcionarios locales en la trama.
En el ámbito del huachicol fiscal, el expediente comprende la revisión de operaciones atribuidas a empresas como Ingemar dentro de la causa penal 325/2025 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se indaga la presunta introducción irregular de 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de detectarlos, mientras que Marín Mollinedo ha rechazado las acusaciones argumentando que fue la propia ANAM la institución que denunció las anomalías. Asimismo, la autoridad ministerial revisa el alcance de los presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, aclarando que se trata de líneas de investigación que por el momento no constituyen delitos acreditados mediante sentencia firme.
