Investigaciones del OIC del INE detectan posibles anomalías en contratos, conflictos de interés y uso irregular de recursos públicos.

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El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 16 expedientes de investigación relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones y otras operaciones del organismo, además de iniciar 25 indagatorias adicionales en esa materia. Las investigaciones involucran a servidores públicos, exempleados y empresas, en medio del escándalo que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del instituto.

El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, informó sobre los avances en un documento enviado a la Cámara de Diputados. El reporte también señala que el órgano fiscalizador notificó 45 cédulas de observaciones preliminares sobre procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe, las indagatorias relacionadas con los hechos recientemente publicados comprenden al menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 empresas. Además, en tres de cuatro casos se emitió una calificación vinculada con el ocultamiento de conflicto de interés.

Auditoría del INE detecta posibles anomalías en contratos

Las 45 cédulas de observaciones preliminares derivan de la auditoría A07-ADQ-2026, denominada Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.

El OIC notificó esas observaciones al instituto el pasado 9 de octubre. La revisión abarcó procedimientos de contratación de diversas áreas administrativas, entre ellas la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales y la Dirección Ejecutiva de Administración.

También incluyó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras dependencias.

Entre los hallazgos figuran posibles documentos falsos o alterados, omisiones en la comprobación de recursos públicos y actuaciones bajo conflicto de interés. Asimismo, el órgano identificó indicios de posibles actos de colusión y participación ilícita en procedimientos administrativos.

Las observaciones también incluyen empresas que presuntamente no acreditaron la capacidad técnica, económica u operativa necesaria para prestar los servicios contratados. A ello se suman posibles incumplimientos de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social.

OIC del INE abre 25 investigaciones adicionales

Además de los 16 expedientes vinculados con los hechos recientemente publicados, el organismo inició 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, derivadas de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control.

El informe advierte que las conductas investigadas podrían configurar distintas faltas administrativas, dependiendo de los elementos que se acrediten durante cada procedimiento.

Entre las posibles irregularidades se encuentran declaraciones inexactas sobre la situación de servidores públicos, ocultamiento de conflictos de interés y posibles casos de enriquecimiento ilícito.

De igual manera, las indagatorias contemplan el uso irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvíos, así como simulación del cumplimiento de requisitos en las contrataciones y abuso de funciones.

El OIC también examina posibles deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios. Estas prácticas podrían ocasionar daños patrimoniales y perjuicios a la hacienda pública si las investigaciones confirman las irregularidades.

Carvente aclara facultades del órgano fiscalizador

En el documento, Víctor Hugo Carvente precisó que el OIC no tiene atribuciones para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones de personal del INE.

El funcionario sostuvo que la normativa del instituto no contempla un procedimiento que permita al órgano ejercer esa función de manera anticipada. Sin embargo, explicó que sí puede iniciar investigaciones para comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas por las personas servidoras públicas.

Cuando existen indicios de discrepancias u omisiones, el organismo puede abrir un expediente para determinar si hay elementos que configuren una falta administrativa no grave o grave.

Esta precisión contrasta con las declaraciones atribuidas a Guadalupe Taddei sobre la revisión de las contrataciones de personal por parte del órgano interno.

Investigaciones incluyen posibles daños al erario

El informe detalla que las indagatorias también consideran actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones y participación indebida en procedimientos de contratación pública. Asimismo, contempla posibles faltas de particulares relacionados con esos procesos.

No obstante, las observaciones preliminares y la apertura de expedientes no constituyen por sí mismas una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales. Las autoridades deberán determinar, mediante los procedimientos correspondientes, si existieron conductas ilícitas y quiénes serían responsables.

El documento enviado a la Cámara de Diputados se suma a otro informe presentado en febrero de 2026 y a la comparecencia de Carvente ante legisladores federales el 9 de septiembre pasado.

En esta nueva entrega, el titular del OIC detalló los expedientes y las observaciones vinculados con las presuntas anomalías en las contrataciones del INE, en un contexto marcado por la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo electoral.

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