Cancún, Quintana Roo.— La compleja problemática de las viviendas invadidas en México ha desatado un debate público. Recientemente, se evidenció una contradicción de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al respecto. En una entrevista exclusiva para Agenda QR, el periodista Miguel Aquino conversó con el Dr. Roberto Fernández del Valle. Él es especialista en resolución de disputas y experto en conflictos inmobiliarios, civiles e hipotecarios de Santa Marina y Esteta.
La polémica política del Infonavit
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró una declaración previa del director de Infonavit. Este último había sugerido la venta de predios invadidos a los propios ocupantes. Sin embargo, Rodríguez enfatizó: “si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia seria donde hay un propietario”. Esta contradicción de la Secretaria de Gobernación destaca la tensión entre la realidad de las ocupaciones y los derechos de los propietarios.
El Dr. Fernández del Valle explicó que es común buscar regularizar situaciones de hecho. Muchas personas ejercieron un crédito Infonavit, dejaron de pagar y ya no ocupan sus viviendas. Personas que ahora han ingresado a esas viviendas, denominadas invasores, pueden llevar años establecidas. Se busca regularizar su situación. No obstante, el especialista consideró “desafortunadas” las declaraciones iniciales del Infonavit. Estas daban a entender que se regularizaría a los invasores sin considerar los derechos de los propietarios originales.
Burocracia y desgaste para los dueños
La burocracia para denunciar una invasión es sumamente complicada. La vía legal para recuperar la posesión de una propiedad invadida es larga y costosa. Ya sea por la vía penal o civil, el proceso requiere asesoría legal, preparación de demandas y notificaciones. Ambas partes pueden presentar argumentos y pruebas. Esto culmina en una sentencia que, tras años, debe ejecutarse para desalojar al invasor.
Los costos, el tiempo y el desgaste emocional son considerables. Esto lleva a muchos propietarios a considerar que “no vale la pena”. La autoridad debería buscar soluciones equitativas. No puede simplemente favorecer a quienes hoy poseen el inmueble. Se debe considerar a quienes ejercieron sus créditos y son los dueños legítimos. Quintana Roo, por ejemplo, es un estado donde las invasiones son frecuentes. Hay organizaciones, incluso criminales, dedicadas a ello. El derecho a la propiedad privada está en riesgo por esta problemática.
Recomendaciones y desafíos futuros
La contradicción de la Secretaria de Gobernación es un mensaje importante. No se apoyarán actos ilícitos como despojos, especialmente si hay denuncias. Sin embargo, el Dr. Fernández del Valle sugirió que el Ministerio Público debe actuar de forma más sólida contra los despojos ilegales. Las mafias que se dedican a estas actividades se benefician de la lentitud judicial. La autoridad debe ser más propositiva y consciente.
Para quienes enfrentan una invasión, el especialista recomienda reunir todos los documentos de propiedad. Copias de títulos, recibos de servicios (luz, agua, teléfono) son cruciales. Si hay varias personas en una situación similar, especialmente en desarrollos Infonavit, se sugiere formar un grupo. Buscar apoyo no solo de autoridades ministeriales, sino también administrativas, es vital. Este tema seguirá generando controversia.
