Ciudad de México. Este martes, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC) se manifestó frente a la Cámara de Diputados para expresar su rotundo rechazo al aumento de impuesto a refrescos y productos de tabaco. Más de 200 comerciantes de este colectivo advierten que elevar el costo de las bebidas azucaradas mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) impactará negativamente en los minoristas y también en los consumidores finales. Estas acciones, según los inconformes, podrían forzar el cierre de un gran número de establecimientos, por lo que urgieron un parlamento abierto para discutir alternativas de recaudación que no afecten a la economía familiar.
El peligro del IEPS
Los dueños de pequeños negocios locales destacan que los productos denominados “gancho”, como refrescos y tabaco, constituyen aproximadamente el 15 por ciento de su facturación mensual, por consiguiente, un encarecimiento de estos artículos los obligaría directamente a “cerrar la cortina” de sus locales. Los comerciantes enfatizaron que estas disposiciones se traducen en el debilitamiento del consumo masivo y popular, provocando a la vez el incremento del contrabando y poniendo en riesgo el cierre de más de 60 mil tienditas en todo el país, ya que la dependencia de estos productos es alta.
IEPS no redujo enfermedades
Los manifestantes de la ANPEC añadieron que, tras 11 años de aplicación, el IEPS ha demostrado ser un fracaso como política de salud pública, pues las enfermedades crónicas no han disminuido significativamente. Además, señalaron que este gravamen tampoco ha financiado programas sociales concretos, como la instalación de bebederos escolares o la promoción de la educación física, mientras que, al contrario, esta carga fiscal ha afectado la economía de las familias y ha profundizado los problemas de informalidad. Es crucial que el impuesto a refrescos no se perciba como una solución integral, ya que no aborda las causas de fondo del problema.
Propuestas de la Alianza
Frente a este complejo panorama económico y social, los pequeños comerciantes hicieron un llamado directo a los legisladores federales para que convoquen a un Parlamento Abierto y detengan lo que consideran un nuevo golpe a la economía popular. Propusieron explorar mecanismos de recaudación diferentes, evitando castigar el consumo cotidiano de las familias mexicanas con más impuestos, con el fin de proteger a las tienditas y los empleos que generan. Por consiguiente, el objetivo principal del parlamento abierto es encontrar una solución que no implique el cierre masivo de comercios.
