El Gobierno de México destinará una inversión histórica de 20 mil millones de pesos para limpiar las tres cuencas más contaminadas.

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La administración federal presentó una estrategia de gran impacto ecológico para recuperar los cuerpos de agua más afectados por la actividad humana e industrial. Durante la conferencia matutina de este 16 de julio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, detalló los planes de rescate hídrico ante la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, el Gobierno de México destinará un presupuesto histórico de 20 mil millones de pesos a lo largo del sexenio para el saneamiento de las tres cuencas fluviales con mayores niveles de polución en el territorio nacional.

De acuerdo con la funcionaria federal, durante el periodo que abarca de 2025 a 2026, la federación ya ejerce una inversión inicial de 2 mil 46 millones de pesos en el sector ambiental. Sin embargo, la meta final del sexenio contempla superar los 20 mil millones de pesos para consolidar estas obras de infraestructura y restauración biológica. Por consiguiente, las autoridades ejecutan actualmente o están por iniciar un total de 93 proyectos específicos que beneficiarán directamente a 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios del país.

El reto del Gobierno de México frente al río Lerma-Santiago

El proyecto integral busca cumplir de manera prioritaria con el compromiso presidencial número 92 de la actual administración. En primer lugar, la cuenca del Lerma-Santiago representa el desafío geográfico más extenso debido a su longitud de mil 360 kilómetros y su enorme impacto demográfico. Esta vertiente afecta directamente a una población de 21.4 millones de habitantes. Los trabajos de saneamiento e infraestructura hidráulica de esta cuenca abarcarán territorios del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, con un enfoque integral para mitigar las descargas de residuos pesados.

Intervención urgente en los ríos Tula y Atoyac

Por otra parte, la zona centro del territorio nacional recibirá una atención prioritaria debido a las emergencias sanitarias derivadas de la contaminación industrial. El río Tula, con una extensión de 191 kilómetros, ha acumulado históricamente las aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y residuos de refinerías en el Estado de México e Hidalgo, afectando a 800 mil personas. En la misma situación crítica se encuentra el río Atoyac, que fluye a lo largo de 162 kilómetros entre Tlaxcala y Puebla, donde las descargas de industrias textiles, químicas y manufactureras han generado una crisis de salud pública que daña a 3.7 millones de ciudadanos.

Con el fin de solucionar estos problemas desde la raíz, el Gobierno de México no se limitará únicamente a limpiar el cauce directo de las corrientes fluviales. Las autoridades ambientales explicaron que abordarán todo el sistema integral de cada cuenca para frenar las fuentes de emisión contaminante. Por ello, la estrategia combinará la construcción de plantas de tratamiento con soluciones basadas en la propia naturaleza, tales como la reforestación de riberas y la creación de humedales artificiales para filtrar de forma biológica el agua.

Acciones ecológicas para el bienestar social

Las soluciones naturales resultan sumamente eficientes y económicas en comparación con la infraestructura de concreto tradicional. La restauración ecológica permitirá que la vegetación absorba contaminantes y recargue los mantos acuíferos de manera segura. Asimismo, todas las instituciones federales del sector ambiental operan en conjunto para supervisar de manera rigurosa que las industrias dejen de verter metales pesados o químicos en los afluentes nacionales. Estas acciones devolverán la vida a ecosistemas que por décadas se consideraron perdidos por la negligencia industrial.

Es fundamental subrayar que estas políticas de saneamiento e inversión hídrica se diseñan de manera centralizada desde Palacio Nacional para los estados del centro y occidente. No obstante, las entidades federativas del sureste mantienen sus propios esquemas de conservación. Por ejemplo, en Quintana Roo, estado que no forma parte de la Península de Yucatán, la cual está integrada por tres entidades federativas distintas, la preservación del agua se enfoca en el cuidado de los ríos subterráneos y el sistema de cenotes debido a su suelo altamente permeable.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el éxito de este programa nacional dependerá también de la estrecha vigilancia de los municipios beneficiados. La participación de las comunidades locales y la denuncia de descargas clandestinas serán determinantes para asegurar que la millonaria inversión rinda frutos a largo plazo. Con estos esfuerzos conjuntos, el país avanza firmemente hacia la recuperación de su soberanía ambiental y el derecho humano al agua limpia.

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