El Departamento del Tesoro identificó nuevos alias utilizados para cometer fraudes de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta
Washington, EUA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intensificó este viernes sus acciones contra una estructura financiera dedicada a la estafa, tras detectar que una red de fraudes de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza nuevas empresas pantalla. Según el organismo estadounidense, la firma Kovay Gardens, la cual ya había sido sancionada en febrero de 2026, intenta evadir las restricciones mediante el uso de alias comerciales como Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort. Estas organizaciones operan principalmente en la zona turística de Puerto Vallarta, Jalisco, donde engañan a ciudadanos estadounidenses con falsas promesas de ingresos por rentas; por lo tanto, el gobierno del país vecino ha emitido una alerta crítica para evitar que más inversionistas sean víctimas de estos esquemas delictivos.
Estructura operativa y lavado de dinero
La investigación, realizada en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, identifica a Carlos Humberto Rivera Miramontes como el fundador de esta red que originalmente operaba bajo el nombre de Vallarta Gardens. De esta forma, las autoridades han logrado detectar que el esquema no se limita a la hotelería, sino que abarca un complejo entramado de 17 empresas mexicanas que incluyen constructoras, inmobiliarias y servicios financieros. Mientras tanto, se ha señalado a sujetos como Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y Jonathan Faustino Ríos González como responsables de operar las salas de control donde se ejecutan los fraudes de tiempos compartidos. En consecuencia, el Departamento del Tesoro ha procedido al congelamiento de activos de estas entidades para frenar el flujo de capital que fortalece las operaciones del crimen organizado transnacional.
Impacto financiero de las estafas
El volumen de recursos movilizados por esta red delictiva es alarmante, puesto que la OFAC registra que entre los años 2019 y 2023 se detectaron movimientos sospechosos por un total de 330 millones de dólares. Asimismo, tan solo durante el transcurso de 2024, el FBI ha recibido aproximadamente 900 denuncias formales relacionadas con engaños en destinos turísticos mexicanos, sumando pérdidas que superan los 50 millones de dólares para los ciudadanos afectados. El método consiste habitualmente en el cobro excesivo a tarjetas de crédito y la solicitud de transferencias bancarias bajo conceptos legales inexistentes; por consiguiente, la vigilancia sobre los fraudes de tiempos compartidos se ha vuelto una prioridad binacional. De esta manera, el intercambio de inteligencia entre la UIF y el Tesoro busca asfixiar económicamente a los lugartenientes que operan bajo las órdenes de comandantes regionales del narcotráfico en la zona del Pacífico.
Acciones legales y bloqueos
Finalmente, el gobierno mexicano incorporó a siete sujetos adicionales a su Lista de Personas Bloqueadas como una medida complementaria a las sanciones impuestas desde Washington bajo las órdenes ejecutivas de combate al fentanilo y organizaciones criminales. Entre las firmas sancionadas destacan Administradora y Comercializadora del Mar y VG Desarrollos de la Bahía, las cuales servían como fachada para procesar reservaciones y servicios empresariales de origen ilícito. Es imperativo que los usuarios de servicios turísticos verifiquen la legitimidad de las inmobiliarias antes de realizar cualquier pago, ya que la fraudes de tiempos compartidos sigue siendo una herramienta de financiamiento clave para los grupos de alta peligrosidad. De este modo, las autoridades reiteran que cualquier transacción con las entidades designadas está estrictamente prohibida, asegurando que el peso de la ley recaiga sobre quienes facilitan el blanqueo de capitales a través del sector turístico nacional.
