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El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, compareció ante el Congreso del Estado la noche del martes, con cuatro horas de retraso, para informar sobre su gestión al frente de la institución. En su intervención, destacó la disminución de los delitos y el aumento de la confianza ciudadana en los últimos cuatro meses, así como la depuración y reestructuración de la fiscalía. También se definió como un profesional íntegro que no pacta con criminales y que enfrenta críticas infundadas.

López Salazar señaló que desde que asumió el cargo en junio pasado, dio de baja a 120 elementos que se apartaron de la legalidad y desaseaban la labor de la institución. Asimismo, dijo que encontró un gran rezago de carpetas de investigación y deterioro de instalaciones, por lo que promovió la reforma a la Ley Orgánica de la FGE para mejorar su estructura y funcionalidad. Explicó que se crearon tres fiscalías de distrito y 19 fiscalías especializadas, y que está integrando un equipo de profesionistas sin vínculos políticos ni con grupos delincuenciales.

El Fiscal General afirmó que en los últimos cuatro meses se avanzó en la construcción de la seguridad y la justicia para Quintana Roo, pues se elevó la confianza de la población y se promovió la cultura de la denuncia. Para sustentar sus afirmaciones, citó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 del Inegi, que indicó que en septiembre el estado tuvo una disminución del 4 % en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y que la confianza en el Ministerio Público se ubicó por debajo de la media nacional. También dijo que Quintana Roo pasó del tercer al quinto lugar nacional por mayor tasa de delitos.

López Salazar reconoció que aún hay retos por enfrentar, como los homicidios dolosos, la extorsión y el narcomenudeo, que son provocados por la presencia de grupos criminales locales y nacionales en el estado. Dijo que desde junio se han detenido más de mil 500 personas, principalmente por delitos contra la salud, lesiones y robo, entre las cuales hay 98 líderes y sicarios de todos los grupos criminales y más de 60 extorsionadores. Añadió que la detención de estos sujetos genera una reacción violenta y mediática para desacreditar a las instituciones, por lo que pidió el apoyo de la sociedad para cerrar filas.